El fiscal pide entregar al exdirectivo español de JP Morgan, que denuncia enfrentarse a una pena "desproporcionada" de 95 años de cárcel
MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El exdirectivo del banco JP Morgan Javier Martín-Artajo ha pedido este jueves a la Audiencia Nacional que no apruebe su extradición a Estados Unidos, donde está acusado de falsear las cuentas de la entidad y provocar un agujero de 800 millones a través de la operación conocida como 'La Ballena de Londres', porque es "inocente", posee un "gran arraigo" en España y se enfrenta a una pena "absolutamente desproporcionada", que alcanza los 95 años de cárcel.
En la vista de extradición, celebrada ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, la Fiscalía ha dado el visto bueno a que Martín-Artajo sea entregado a Estados Unidos, al haber remitido sus autoridades una detallada documentación en la que consta que era el responsable de las operaciones de crédito y capital e instruyó a varios subordinados para que ocultaran "datos objetivos" al mercado de valores y ocultaran así las pérdidas de la entidad.
"El ajuste manipulado fue usado para ocultar la situación de la entidad y fue presentado ante las entidades reguladoras", ha proseguido la fiscal, para destacar que se cumple el principio de doble incriminación, la no prescripción y el principio de especialidad, y recordar que el hecho de que posea la nacionalidad española "no es una causa obligada para denunciar la extradición".
Por el contrario, Martín-Artajo, reclamado por presuntos delitos relativos al mercado y a los consumidores, delito societario, estafa y falsedad documental, se ha negado a ser extraditado porque los hechos que se le imputan habrían ocurrido en el Reino Unido y la única nacionalidad que ha ostentado es la española.
"Me considero inocente", ha aseverado Martín-Artajo puesto en pie, para negar los hechos que se le imputan y añadir que ni tenía "motivación" para haberlos llevado a cabo ni tampoco hubiera podido porque no trabajaba en el departamento de contabilidad que puso las cuentas de la entidad en manos del regulador.
"Tengo un gran arraigo aquí y soy empresario en España en dos empresas", ha proseguido el que fuera responsable de inversiones de la oficina europea del banco, que ha agregado que a otro implicado se le exculpó y otro investigado es francés y su país no extradita a sus nacionales. "Me parece absolutamente desproporcionado que por estos hechos me puedan poner una pena máxima de 95 años", ha remachado.
LAS AUTORIDADES DE EEUU POCO "FIABLES".
El abogado de Martín-Artajo ha considerado que no se cumplen los requisitos para que su cliente sea entregado a Estados Unidos por falta de jurisdicción y por la "manifiesta desproporción" de las penas aparejadas a los delitos de ambos países que son aplicables a su caso.
La defensa, que se ha apoyado en el Tratado de Extradición con Estados Unidos y en la Ley de Extradición Pasiva, ha destacado que su cliente no tenía "ningún interés, móvil ni motivación" para haber falseado las cuentas y que la cartera que gestionaba tenía "superávit".
Finalmente, el letrado ha destacado que las autoridades americanas no son "muy fiables" porque no han cumplido la condición de trasladar a España a otro preso cuya extradición fue aprobada por la Audiencia Nacional. Ha añadido que su cliente ha sufrido "indefensión" porque no se le ha dado la documentación que requirió a los tribunales y al Ministerio de Justicia.
CUATRO DELITOS.
Martín-Artajo quedó en libertad con medidas cautelares el pasado 27 de agosto. En octubre de 2013 el Consejo de Ministros aprobó continuar el trámite de extradición, al que Estados Unidos reclama por delitos relativos al mercado y a los consumidores, delito societario, estafa y falsedad documental.
Según el Ministerio de Justicia, el reclamado era jefe de Operaciones de Crédito y Capital de la Oficina Principal de Inversiones (CIO) de la firma JP Morgan Chase & Co., que mantenía una cartera de crédito --denominada SPC-- que contaba a principios del año 2012 con una suma neta de 50.000 millones de dólares.
En su condición de corredor de valores, el directivo español se encargaba de ajustar al mercado diariamente los libros de operaciones de la SCP y de determinar el valor justo de mercado de los valores. Esos ajustes eran posteriormente convertidos en parte de la contabilidad y los registros de la entidad.
Durante el primer trimestre de 2012, las autoridades estadounidenses sospechan que Martín-Artajo instruyó a otras personas para que ocultaran las crecientes pérdidas de las SCEP que gestionaba.
DISFRAZAR PÉRDIDAS.
La Justicia estadounidense estima que él y uno de sus cómplices manipularon los ajustes para disfrazar pérdidas de unos 767 millones de dólares. Estos informes y ajustes manipulados fueron utilizados por los empleados del banco para preparar los anuncios al público de las ganancias trimestrales.
Provocaron así que la firma hiciera presentaciones falsas ante la Comisión de Bolsa y Valores, presentando también información inexacta de sus ganancias en varios documentos.
Durante la comparecencia ante el juez Pedraz, Martín-Artajo mostró una fotocopia concerniente a la declaración de uno de sus subordinados, llamado Bruno Iskil, ante el fiscal de Estados Unidos que investiga esta operación. Este mostró su disposición de colaborar con la Justicia y logró que las autoridades de Washington retiraran los cargos contra él y que los mantuvieran contra el español y su compañero, Julien Grout.
