MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) con la que exige la reforma de los servicios de reclamaciones bancarias con la intención de que estos dependan del organismo supervisor o de un tercero, en vez de de la entidad bancaria, para evitar un potencial conflicto de intereses.
El portavoz adjunto de Economía y autor de la iniciativa, Antonio Hurtado, reclama al Ejecutivo un procedimiento "más ágil y eficaz" para que los clientes puedan presentar quejas o reclamaciones "a través de un mecanismo de solución de conflictos prejudicial de carácter vinculante".
Los socialistas pretenden que estos servicios dependan del supervisor o de un tercero, abandonando la entidad, y abogan por que los dictámenes que emitieran estos organismos tengan carácter vinculante cuando la entidad bancaria no llegue a un acuerdo con el cliente.
AGENCIA DE PROTECCIÓN FINANCIERA
Con esta proposición, el PSOE también pide al Gobierno que analice y valore la creación de una Agencia o Autoridad de Protección Financiera, dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, para ejercer sus funciones con autonomía e independencia.
Su intención es que este organismo vele por la protección de la clientela de servicios financieros y asuma las funciones de resolución de conflictos y otras similares atribuidas al Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Los socialistas afirman que el sistema de reclamaciones y quejas demuestra "serias deficiencias e ineficacias" y recuerdan que, según los últimos datos publicados por el Banco de España, de las 6.028 quejas que han presentado los usuarios en 2014, las entidades bancarias sólo rectificaron 1.014, esto es, en una de cada seis ocasiones.
Hurtado considera que "no es aceptable" que los informes del Banco de España no sean vinculantes para las entidades, por lo que no puede imponer su criterio obligatoriamente a la entidad en un conflicto con un cliente individual.
Por ello, subraya que los organismos supervisores o un tercero "deberían tener la facultad de exigir a las entidades el resarcimiento cuando la respuesta de su servicio de reclamaciones sea favorable para el cliente".
