MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget) aplaude la sentencia del Tribunal Constitucional en la que establece que la venta de un inmueble que produzca pérdidas no tenga que tributar por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal, pero la considera "insuficiente".
En una nota, Asefiget señala que se trata de un impuesto "injusto y confiscatorio" que produce una doble tributación -IRPF e IIVTNU- conculcando el artículo 31 de la Constitución en cuanto a la capacidad económica de los obligados tributarios.
Por ello, reclama al legislador que, en el desarrollo de la configuración normativa de la sentencia, modifique algunos aspectos "claramente perjudiciales" para el contribuyente.
En concreto, se refiere a la fórmula utilizada para el cálculo del impuesto, ya que actualmente no se está calculando el incremento de valor por el tiempo transcurrido entre la adquisición y la transmisión, sino por los años que transcurrirán desde la transmisión.
En este sentido, propone que la base imponible se establezca en base a la operativa que se establece en la Ley 35/2006 de IRPF, tomando los valores reales, tanto del momento de la transmisión, como del momento de la adquisición, siendo la base imponible la proporción sobre el total, del valor del terreno del último recibo del Impuesto sobre Inmuebles, aplicando unos tipos impositivos "justos y proporcionados".
Asimismo, pide que las bonificaciones no sean de carácter rogado, sino que se apliquen de oficio por la entidad local, evitando un enriquecimiento "injusto" por parte de las entidades locales, dado el desconocimiento de la norma por la mayoría de los contribuyentes e, igualmente, que no se produzca la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisión mortis causa, para el cónyuge superviviente.
SIMPLIFICAR LA TRAMITACIÓN.
También consideran que esta tramitación debería simplificarse para los contribuyentes, con un impreso facilitado por la Administración local y suscrito por el sujeto pasivo o su representante, acompañando al mismo copia simple de los documentos privado, notarial, judicial o administrativ.
A su juicio, ellos deben constar los hechos, actos o contratos que originan la transmisión y, además, cualquier prueba, admisible en derecho (básicamente informe pericial) que acredite si ha existido hecho imponible o no.
A este respecto, Asefiget subraya como prueba suficiente la aportación de copia de las escrituras de compra y de venta para, inicialmente, observar si ha habido ganancia o pérdida patrimonial en la transacción.
