BRUSELAS, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo de la UE, Nikiforos Diamandouros, ha instado a la Comisión Europea este jueves a garantizar "el derecho a ser escuchado" de las personas sospechosas de cometer fraude financiero y de socavar los intereses financieros de la UE en su conjunto y le ha pedido que mejore su Sistema informático de Alerta Temprana (SAT) encargado de identificar a estas personas.
"El SAT es claramente un instrumento importante para proteger los fondos de la UE. Sin embargo, la Comisión debe introducir los controles adecuados y equilibrios para garantizar que el SAT cumple con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que es ya legalmente vinculante para todas las instituciones", ha recalcado el defensor del pueblo europeo en un comunicado.
"La Comisión tiene que garantizar el derecho a ser escuchado" para que las partes afectadas planteen sus argumentos, ha recalcado el griego, que abrió una investigación sobre el funcionamiento del sistema de alerta tras recibir varias quejas ciudadanas.
La UE puede bloquear o suspender contratos o pagos a personas o compañías que están incluidas en el Sistema de Alerta Temprana, que identifica a estas personas en base a cinco categorías que van desde las personas identificadas como sospechosas de incurrir en fraude o irregularidades (W1) hasta las que han sido sancionadas por la ONU o la UE por su implicación en actividades terroristas (W5).
El Ejecutivo comunitario ha confirmado que las personas y compañías incluidas en el sistema "normalmente no son informadas de este hecho" salvo que estén en la categoría de sancionados y que el sistema no prevé "un mecanismo formal de apelación".
El Defensor del Pueblo de la UE ha concluido en su investigación que "el alcance de ciertas advertencias desde el SAT no están claramente definidas" y "deben corregirse", al tiempo que ha instado a la Comisión a "garantizar el derecho de ser escuchado antes de tomar decisiones para incluir a personas o compañías en el sistema".
Además, ha recordado que "el derecho de acceso a la documentación (del caso) debe respetarse" para estas personas y compañías, que igualmente "deben ser informadas de su derecho de apelación al Defensor del Pueblo o para buscar una reparación judicial" y ha reclamado al Ejecutivo comunitario que remita "una opinión detallada" para mejorar la situación antes del 31 de marzo.