Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 07/06/2010 14:12
El colectivo de los técnicos de Hacienda (Gestha) se opuso hoy a una eventual incitativa del Gobierno de aplicar una amnistía fiscal con el objetivo de repatriar dinero evadido al extranjero y hacer aflorar el dinero 'negro' generado en España, según informó el sindicato en un comunicado.
Gestha consideró que esta medida no reducirá la economía sumergida y explicó que su aplicación provocaría un aumento de las responsabilidades de los técnicos para que puedan recaudar 38.000 millones de euros procedentes de la economía irregular para situar a España en la tasa sumergida media de la Unión Europea.
Además, el sindicato alertó de que una amnistía fiscal sería "discriminatoria" respecto a quienes sí han pagado sus impuestos y recordó que sólo las personas o sociedades investigadas por fraude fiscal llegan a suscribir la deuda.
Según los datos aportados por Gestha, en 2009 la economía sumergida de origen fiscal ha ido aumentando progresivamente desde 1985, momento en el que sumaba el 17,2% del PIB, hasta el 23,3% del PIB en que se situó en 2009.
El secretario general de Gestha, José María Molinero, explicó en declaraciones a Europa Press que durante la última década España "ha pasado por alto el control de la economía sumergida porque el dinero iba entrando".
Molinero señaló que los 38.000 millones de euros que España ha dejado de ingresar anualmente por no controlar el fraude fiscal, 25.000 millones de euros correspondían a impuestos y los 13.000 restantes a cuotas a la seguridad social.
El secretario general de Gestha declaró que si España consigue que afloren estas cantidades, "situaría su nivel de economía sumergida en la media europea".
Gestha recordó que tras la dimisión de Miguel Boyer en julio de 1987, fue nombrado como ministro de Economía y Hacienda Carlos Solchaga, el cual en 1991 intentó aflorar el dinero negro mediante la suscripción de 'deuda pública especial' a bajo interés y cautiva durante seis años, plan que duró hasta el 28 de junio de 1997.
En dicho momento y ante la falta de suscriptores interesados, Hacienda elaboró un plan de inspecciones masivas para 'vender' la deuda. Los investigados tenían dos opciones, pagar las cuotas descubiertas, intereses y sanciones, o suscribir 'deuda pública especial' por el importe de las bases imponibles descubiertas.
El resultado fue que la inmensa mayoría de los investigados prefería suscribir deuda antes que pagar (salvo que pudiera compensar partidas negativas de años anteriores). Así, unos 80.000 investigados suscribieron deuda especial por 4.500 millones de euros, explicó el sindicato.
El Gobierno podría estar elaborando un plan de regularización fiscal con el objetivo de recaudar el dinero evadido y recuperar la economía sumergida para financiar la deuda pública a coste más barato y contribuir a la reducción del déficit, según publica hoy el diario 'El Mundo'.