MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno defiende la contratación de la consultora Accenture por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, hecha pública el pasado 11 de junio, argumentando que hacen falta consultores analistas con experiencia en el uso de ciertas herramientas avanzadas de minería de datos y técnicas predictivas, con las que los funcionarios públicos no están familiarizados.
Así se lo hace saber a la diputada de UPyD en el Congreso, Irene Lozano, quien en una pregunta escrita se interesaba por la contratación de Accenture por 1,3 millones de euros en un periodo de dos años para prestar servicios de consultoría durante la implantación del nuevo modelo de lucha contra el empleo irregular y el fraude.
Ante estas informaciones, Lozano preguntó por escrito al Gobierno si la contratación de la consultora se debía a que "los funcionarios no tienen medios para luchar contra el fraude en el empleo" y para saber por qué no se había recurrido a ellos para poner en marcha el plan.
TRATAMIENTO INTEGRAL DEL FRAUDE
En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno explica que el nuevo modelo de lucha contra el fraude laboral plantea un "tratamiento integral" del problema a través de la puesta en marcha de "sistemas basados en el análisis de datos" para establecer procedimientos que permitan "verificar" que las declaraciones de los empresarios y trabajadores "se ajustan a la realidad de la actividad que determina la obligación de cotizar".
En concreto, el nuevo sistema se basará en el análisis de riesgos de fraude a la Seguridad Social "a partir de la definición de patrones de referencia en el ámbito de la afiliación, cotización y recaudación" utilizando "nuevos recursos tecnológicos" para sistematizar las diferentes bases de datos a través de perfiles y patrones de comportamiento.
"La implantación de los nuevos modelos de lucha contra el fraude requieren el manejo de herramientas de análisis que permitan la detección de patrones de comportamiento en el momento actual y de técnicas predictivas sobre posibles actuaciones a futuro", insiste el Ejecutivo, que justifica así la contratación de consultores analistas "con experiencia en el uso" de estas herramientas.
Y es que los funcionarios de la Tesorería General de la Seguridad Social tienen "capacidad para modificar procesos de gestión y conocimientos y experiencia" en este campo, pero no suficiente para las nuevas necesidades del departamento, por lo que la colaboración de Accenture permitirá "complementar el trabajo ordinario" de los trabajadores públicos.
PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO
Así, los empleados de la consultora aportarán su experiencia en trabajos de segmentación, predicción, estadísticas y relación de datos; análisis, limpieza y depuración de información, selección de indicadores y su aplicación a casos reales, análisis forenses y uso de herramientas de visualización de relaciones para el análisis de resultados.
Según informó el Ministerio al publicarse el contrato, Accenture aportará la definición de la estrategia y la metodología para el nuevo modelo, y se encargará de su actualización durante los dos primeros años. Además, planificará las tareas, estructurará el equipo de trabajo, determinará el modo de realizar el seguimiento y control de las actividades, presentará un sistema de calidad específico y definirá perfiles y patrones de comportamiento.
El modelo pretende potenciar la observación de los "focos de fraude" más importantes en cada momento, la prevención del fraude durante la gestión de la afiliación, la cotización y la recaudación; y la detección precoz de los casos de fraude "para evitar un abuso mayor en las prestaciones no devengadas". Para ello, apuesta por una planificación estratégica de estas actuaciones y por un continuo seguimiento y control de los resultados.
PLANTILLA DE INSPECTORES
Finalmente, el Gobierno no precisa cuántos inspectores de Trabajo se podrían haber contratado con el importe que se gastará en el contrato, tal y como preguntaba Lozano, pero recuerda que "no parece razonable confundir las necesidades estructurales y coyunturales de la Administración si se quiere dimensionar adecuadamente tanto las plantillas como los perfiles mas adecuados a lo largo del tiempo".
En cualquier caso, el Gobierno afirma que a 1 de mayo de este año el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social contaba con 998 efectivos mientras que el de Subinspectores sumaba 864 trabajadores. Además, la Oferta de Empleo Público de este año prevé la incorporación de 80 funcionarios más (21 inspectores y 59 subinspectores).
