Experto pide que el Estado tenga competencia del Impuesto sobre Sucesiones por el "fracaso" del modelo actual

"El Estado tiene las herramientas necesarias, pero políticamente habría que negociar", ha admitido

SANTANDER, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UNED y miembro de la Comisión Estatal para la reforma fiscal Pedro Herrera Molina ha pedido que el Estado tenga las competencias del Impuesto sobre Sucesiones, que actualmente pertenecen a las autonomías y a los organismos locales, por el "absoluto fracaso" del modelo actual.

Así, ha asegurado que este sistema, basado en la corresponsabilidad fiscal, es "discriminatorio", y ha concretado que las diferencias van "desde los cero euros de Navarra a los 164.000 euros de Andalucía, que recauda un 15% del total", por lo que, en su opinión, las reformas "son necesarias".

En su opinión, "sería insostenible" decir que "no es constitucional" que el Estado se haga cargo de este Impuesto, porque el Tribunal Constitucional lo avala. "El Estado tiene las herramientas necesarias, pero políticamente habría que negociar", ha admitido.

Pedro Herrera se ha manifestado de esta forma en una ponencia del encuentro 'La necesaria reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones', que se ha celebrado esta semana como en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander.

Del mismo modo, ha lamentado que el método actual tiene una "escasa incidencia" en la recaudación de estos impuestos, "sin datos desagregados que permitan conocerlos al detalle", al tiempo que ha recordado que la legislación española debe seguir la normativa europea.

En este sentido, ha destacado que "no es lo más adecuado" hacer una reforma legislativa desde el Gobierno "basada en un Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros un viernes y que entraría en vigor al día siguiente".

Tras puntualizar que algunas de las sugerencias de la Comisión quedaron "en papel mojado" porque no fueron aceptadas por el Gobierno, o porque fueron llevadas a cabo con modificaciones, se ha mostrado partidario de que haya un mínimo exento de entre 20.000 y 25.000 euros en todo el territorio nacional.