La lucha contra el fraude registró un récord de 7.459 millones en el primer semestre, un 5,2% más

Fernández de Moya. Secretario de Estado de Hacienda
EUROPA PRESS
Actualizado: viernes, 29 septiembre 2017 12:28

Hacienda tiene la "esperanza" de que los PGE lleguen a las Cortes este año

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha avanzado este viernes un aumento del 5,2% en la recaudación en materia de lucha contra el fraude fiscal en el primer semestre, hasta los 7.459 millones de euros, lo que supone una cifra récord en ese periodo, según informaron a Europa Press fuentes de la Agencia Tributaria.

Así lo ha avanzado Fernández de Moya durante su intervención en la clausura de las Jornadas Andaluzas de Estudios Fiscales que organiza el Colegio de Titulares Mercantiles de Málaga, en donde ha reiterado la voluntad del Gobierno de España y en particular, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de "seguir negociando" para recabar los apoyos que permitan presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

"Tenemos la esperanza de que los Presupuestos Generales del Estado lleguen a las Cortes en los próximos meses para mantener la senda de crecimiento económico y consolidar la estabilidad política alcanzada", ha asegurado.

En esta línea, ha señalado que al Gobierno le corresponde el impulso de acción legislativa en la presentación de los PGE, pero al encontrarse en minoría parlamentaria, con 137 diputados sobre un total de 350, considera que "todo el mundo tiene responsabilidad".

Así, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" del conjunto de grupos parlamentarios de cara a la negociación y puesta en marcha de la ley de PGE. "Es una tarea de todos aprobar los PGE. Es responsabilidad del Gobierno y de la oposición. Si al gobierno le corresponde la iniciativa legislativa de formular antes las Cortes el PGE, a la oposición le corresponde sentarse a hablar, dialogar y negociar", ha señalado.

En cualquier caso, ha manifestado la "mano tendida" de Hacienda para que "a partir del 1 de enero España cuente con PGE de 2018", que supondrán "crecimiento económico, generación de empleo, apuesta decidida por el Estado de bienestar, rebaja de impuestos y garantía del sistema público de pensiones".

El Gobierno aplazó, tanto la semana pasada como esta misma semana, la aprobación de las cuentas públicas de 2018 ante la falta de apoyos suficientes que garanticen con éxito su tramitación en el Parlamento.

Fernández de Moya ha defendido la necesidad de dialogar y buscar consensos "en una legislatura en la que el Gobierno está en minoría", y ha incidido en las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha en los últimos años, "que han agilizado el crecimiento económico que experimenta nuestro país, la creación de empleo y la ganancia de competitividad de nuestra economía".

En este sentido, ha recordado que el Gobierno contempla en sus previsiones un fuerte incremento del PIB corriente en 2017, de en torno al 4,3%, más de un punto por encima del registrado en 2016.

CATALUÑA

En su intervención, Fernández de Moya ha valorado también el esfuerzo
realizado por las comunidades autónomas y las entidades locales para
la reducción del déficit público, con la meta en el horizonte del abandono del Procedimiento de Déficit Excesivo.

Igualmente, ha recordado que las CCAA han contado con el apoyo de los mecanismos extraordinarios de financiación, que han repartido liquidez por un total de 180.000 millones de euros entre 2012 y 2017 y les han permitido un ahorro en su financiación de en torno a 28.000 millones hasta ahora.

Sobre el referéndum convocado por la Generalitat de Cataluña para este domingo, Fernández de Moya ha señalado que el Tribunal Constitucional ha suspendido "inmediatamente" las leyes de transitoriedad, por lo que "no tiene ninguna eficacia ni ningún vigor", de forma que el Gobierno de la Generalitat "tiene que respetar el Estado de Derecho, la sentencia del TC y cumplir la ley".

El secretario de Estado de Hacienda ha asegurado que el Gobierno garantiza los pagos en conciertos educativos, sanitarios y de servicios sociales, así como los pagos a farmacias y las normas vinculan al capítulo 1 de los empleados públicos de Cataluña, ya que "cumple las sentencias del TC".

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