MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PP ha rechazado este martes admitir a trámite una proposición de ley de CiU para modificar la prestación por hijo o menor a cargo, elevando su cuantía e incrementando el número de beneficiarios, alegando que el coste que tal propuesta tendría para las arcas públicas la hacen "inviable".
La portavoz adjunta del PP en materias sociales, Marta Torrado, ha acusado a la oposición de "girar la cara y pensar" que el país "todavía navega en la abundancia, que el dinero cae del cielo y que aquí no pasa nada", y de hacer "una política populista alejada de la situación real" y discursos "sin una argumentación realista". "¿De dónde piensan sacar esa cifra multimillonaria que costaría esta propuesta? No lo han dicho. Su propuesta no es viable", ha afirmado.
Tras repasar los diferentes planes de lucha contra la pobreza y ayuda a la familia y sus dotaciones presupuestarias, la diputada 'popular' ha asegurado que la reforma fiscal tiene a la familia como "eje central" de sus modificaciones y ha mencionado también la nueva prestación para parados de larga duración acordada con las comunidades autónomas, los sindicatos y la patronal.
"El Gobierno está paliando las necesidades de muchas familias porque está empezando a crear empleo, porque la mejor forma de combatir la desigualdad y la pobreza es creando empleo", ha apostillado, defendiendo que "el Gobierno está trabajando para administrar un país que ha estado al borde del abismo y que, gracias a su gestión, empieza a ubicarse en zona segura", lo que pronto se dejará notar también en las economías familiares.
CAMBIO DEL ESTADO DEL BIENESTAR
El portavoz de Servicios Sociales de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, ha comenzado recordando que, según el INE, uno de cada cuatro menores de seis años en España vive bajo el nivel de la pobreza, un problema "grave" que ha empeorado con la crisis y el aumento del paro, pero que se deriva de la "falta de política pública de apoyo a las familias con hijos" mediante prestaciones monetarias universales.
Una situación que provoca una sociedad menos cohesionada y, a medio y largo plazo, reduce la productividad de la sociedad y las oportunidades de movilidad social, y genera pensionistas pobres. "Son cuestiones que afectan al modelo de sociedad que hoy estamos definiendo y que queremos para el futuro", ha insistido, recordando que el gasto en familia e infancia en España está muy por debajo de la media europea y que la redistribución de la riqueza tampoco es eficiente.
Sin embargo, "estas cifras no son inevitables", cree el nacionalista catalán, que por ello propone modificar la Ley de Seguridad Social para que la prestación por hijo o menor a cargo sea gestionada por las comunidades autónomas, tenga una cuantía de un nivel "razonable" de 1.200 euros anuales, ponderados en función de condiciones como las familias numerosas o la existencia de miembros discapacitados y llegue a más familias hasta "cubrir a la mitad de los niños" españoles, con un coste de unos 7.000 millones anuales pero con la aspiración de que se convierta en universal.
"Es una propuesta ambiciosa", ha apostillado, apuntando que con los 32 millones para proyectos de ayuda a familias con hijos menores no se puede atender la situación actual y subrayando que el fondo de la propuesta es afrontar la "necesaria" reforma del Estado del Bienestar actual, que ha sido "razonablemente útil para proteger a los mayores pero tremendamente inútil para proteger a los niños".
COMBATIR LA POBREZA
"No hay niños pobres en familias ricas, los niños son pobres porque sus familias son pobres", ha señalado la socialista María Luisa Carcedo, culpando del aumento de este tipo de situaciones tanto al paro como a los recortes y reformas aplicados por el Gobierno, que perjudican más a los colectivos desfavorecidos, y a la "abulia" de las medidas del Ejecutivo para luchar contra la pobreza.
Por eso, ha defendido la necesidad de "invertir en infancia", que es sinónimo de "invertir en futuro por razones de justicia social, de cohesión, de solidaridad intergeneracional y, sobre todo, de competitividad de país". Además, ha advertido de que el anunciado cambio de la política social del Gobierno "no tiene margen" con los Presupuestos de 2015 que se aprobarán mañana.
Por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares ha advertido contra prestaciones universales, recordando la experiencia "no precisamente buena" del 'cheque bebé' de José Luis Rodríguez Zapatero. "Las prestaciones deben ser progresivas y los derechos, universales. Estamos de acuerdo con mejorar esta prestación, que sea para un colectivo mayor que el actual pero no con una cobertura universal y lineal", ha dicho.
A renglón seguido, ha recordado que "el reverso de la pobreza es la desigualdad" por lo que "no sólo hay que atender las prestaciones y los servicios, sino que también hay que hablar de la fiscalidad", de su progresividad, de la financiación del Estado del Bienestar como mecanismo para evitar la pobreza y de la precarización laboral.
El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, coincide en que "no se puede alegar constantemente que la pobreza infantil se arreglará cuando se salga de la crisis" porque, más bien, "sus consecuencias serán más negativas y más duraderas si se rehuye la obligación moral, política y utilitaria de luchar" contra un fenómeno que "pone en jaque el futuro del país" y que se deriva de "cálculos electorales" basados en que "los niños no votan".
Por el PNV, Emilio Olabarria cree que este problema se encuadra en las palabras del presidente Mariano Rajoy de que "hemos superado la crisis pero no sus consecuencias". "Ésta es una de ellas, y se va a mantener si no se corrigen los compromisos presupuestarios de forma suficiente", ha advertido, reprochando la cantidad actual de esta prestación y destacando que la propuesta de CiU es "muy contenida".
