MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
CC.OO. ha pedido al Ministerio de Empleo que cumpla el compromiso contraído sobre la reanualización de los fondos procedentes de la cuota de formación que empresarios y trabajadores aportan cada mes y que suponen una recaudación de 1.776 millones de euros en 2014.
En un comunicado, el secretario de Formación de CC.OO., Javier López, ha recordado que cada año los fondos de formación no ejecutados no son incorporados al presupuesto del año siguiente, pese a que el Ministerio de Empleo se ha comprometido, en reiteradas ocasiones, a incorporar esta medida en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
"Si los fondos de la cuota de formación son finalistas y sólo deberían dedicarse a formación de trabajadores y trabajadoras, no se explica la apropiación por parte del Gobierno de los que no se ejecutan y que el Ministerio de Hacienda dedica a otros fines, que nada tienen que ver con la formación", ha señalado.
Según López, este año la situación se convierte en "insostenible" si se tiene en cuenta que las resoluciones de subvenciones y ayudas a la formación, publicadas la semana pasada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incorporan la decisión de aplazar los pagos a las entidades subvencionadas, lo cual significa que de los 180 millones previstos para 2014, sólo se pagarán un máximo de 90 en este ejercicio, mientras que otros 45 se pagarían en 2015 y los 45 restantes en 2016.
En este contexto, CC.OO. ha pedido al Gobierno que "reanualice" los fondos de formación que no se ejecuten cada año, ya que la única manera de no perder esa parte de los recursos aportados por empresas y trabajadores es que "lo no gastado en 2014" se añada a los Presupuestos para la formación del año siguiente.
Por otro lado, López ha insistido en que la formación que se realiza en el marco de la convocatoria estatal de ayudas a la formación cuenta con los controles del Ministerio de Empleo, la Fundación Tripartita, el Tribunal de Cuentas, la Inspección y reúne todas las garantías, tal como reconocen reiteradamente las sentencias de los tribunales y del propio Tribunal Constitucional.
A su parecer, donde hay que actuar es en las "zonas oscuras" en lugar de criminalizar a todos los empresarios, o a todos los sindicalistas, con la intención de excluirlos del gobierno de unos recursos que proceden de las empresas y de los trabajadores y que deben de ser dedicados, "con eficacia y eficiencia y de forma exclusiva", a su formación.
