MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
El área pública de CC.OO. ha pedido a los Grupos Parlamentarios que incluyan en sus enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 una subida salarial general del 2,1% para los empleados públicos.
El sindicato, que ha enviado a las fuerzas parlamentarias una serie de propuestas para enmendar las cuentas públicas de este año, señala que este porcentaje es el resultado de sumar el 1,5% de inflación previsto por el Gobierno y las seis décimas de diferencia entre lo que subieron los salarios el año pasado (1%) y la inflación final (1,6%).
Adicionalmente, y en un escenario de recuperación progresiva del poder adquisitivo perdido en los últimos años, CC.OO. plantea para este ejercicio la recuperación de una tercera parte del recorte del 5% aplicado por el Gobierno del PSOE en 2010.
La organización sindical quiere "rescatar los derechos robados" durante la crisis a los empleados públicos; recuperar y potenciar el derecho a la negociación colectiva; y crear más y mejor empleo público, y así lo ha trasladado a los Grupos Parlamentarios en sus propuestas para enmendar los Presupuestos.
En ellas, CC.OO. plantea universalizar el proceso de estabilización del empleo y que las tasas de reposición fijadas en el proyecto de ley se configuren como mínimos, de tal forma que las Administraciones, en uso de sus facultades y para el desarrollo de sus competencias, puedan superarlas cuando sus servicios públicos así lo hagan necesario y sus finanzas se lo permitan.
El sindicato hace este mismo planteamiento en relación con las sociedades mercantiles públicas, fundaciones y consorcios.
Asimismo, CC.OO. reclama que las diferentes Administraciones puedan negociar libremente tanto la jornada laboral, rebajándola si así lo acuerdan de las 37,5 horas semanales, como los complementos por Incapacidad Temporal (IT), devolviendo capacidad a la negociación colectiva.
Además, ante los intentos de frenar cualquier posible reversión o municipalización de servicios públicos privatizados, propone que se permita la libre decisión de cada Administración sobre el modelo de gestión de sus servicios públicos.
También ha planteado enmiendas para garantizar la financiación suficiente del Servicio Postal Universal, y el acceso gratuito a la justicia para el personal funcionario en condiciones de igualdad con el personal laboral.
