Reclaman a la Intervención del Estado informes provisionales de la ejecución presupuestaria para acelerar la fiscalización
MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este martes la Cuenta General del Estado de 2012 junto con una serie de recomendaciones al Gobierno, a la Intervención General y al propio organismo fiscalizador, entre las que se incluye la solicitud al Ejecutivo central de que adapte la financiación que recibe la Seguridad Social a la "situación real" de sus gastos.
Entre las recomendaciones que han salido adelante --medio centenar del PP, una decena del PSOE, una de la Izquierda Plural, nueve de UPyD y media docena de CiU--, y que recoge Europa Press, se incluye instar al Gobierno a "adaptar la financiación temporal del Estado a la Seguridad Social a la situación real de los gastos que deben ser financiados a través de este sistema, para impedir que el actual desfase siga produciendo un incremento del déficit de financiación afectada".
Una circunstancia que, en el medio plazo, puede "dificultar" la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social y, a corto plazo, puede incluso generar tensiones de liquidez al sistema, según señala el PP.
Asimismo, se requiere al Estado que plantee "con urgencia" al Pacto de Toledo un análisis sobre la insuficiencia de estas transferencias, y que clarifique las fuentes de financiación de las prestaciones de la Seguridad Social para avanzar en su separación, incluyendo la amortización de créditos pendientes y la correcta contabilización del inventario de inmuebles, para evitar que el sistema tenga que asumir gastos que no le corresponden.
MÁS CONTROL DE ENTIDADES PARTICIPADAS
Por otra parte, el Parlamento también reclama al Ejecutivo que impulse las modificaciones normativas necesarias y regule la rendición de cuentas de las entidades en las que las administraciones públicas ejercen un "control efectivo" aunque su participación en el capital o fondo social de las mismas no sea mayoritario.
Igualmente, habría que regular las rendición de cuentas de entidades donde participan de forma paritaria varias administraciones, así como fiscalizar los riesgos que asume el sector público estatal como consecuencia de las prescripciones legales, los avales concedidos, los convenios o contratos firmados o las provisiones realizadas.
Dado que año tras año el Tribunal detecta gran número de compromisos de gasto adquiridos para ejercicios futuros se pide que se corrija esta costumbre y que, en relación con la deuda pública, se realice un "análisis de su antigüedad, su vida media, su riesgo de refinanciación y su distribución, según si ha servido para financiar déficit no financiero o financiero.
También se sugiere incrementar paulatinamente la información contenida en las cuentas de los diferentes entes del ámbito público así como en los inventarios, y prestar "especial atención" al cumplimiento de la obligación de publicidad de las cuentas, fomentando entre todos los niveles de la administración su publicación, no sólo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sino también en sus respectivas páginas web.
Cuando las entidades públicas presenten informes de auditoría de sus cuentas con opinión favorable con salvedades, con opinión desfavorable o con opinión denegada habría que trabajar por subsanar las deficiencias observadas, lo mismo que las que se detectan en la ejecución y liquidación de los presupuestos de gastos e ingresos. Asimismo, se propone reformar la normativa para integrar en la Cuenta General las cuentas anuales de las entidades que no pasen la auditoría.
Por otra parte, se emplaza al organismo fiscalizador a seguir las reformas de las administraciones que se están llevando a cabo, midiendo particularmente la productividad/eficiencia en las diferentes organizaciones y planteando nuevas propuestas. Así como incluir en futuros informes de la Cuenta General datos sobre en qué medida se está reduciendo y simplificando la estructura de la Administración pública, tanto en número de entidades como en estructura de funcionamiento o procedimientos aplicados, así como su efecto en los ingresos, los gastos y el déficit.
FISCALIZAR CON MÁS CELERIDAD
Asimismo, se emplaza al organismo fiscalizador a preparar un "resumen sencillo y con terminología asequible" de la Cuenta General del Estado de cada año para que más ciudadanos puedan acceder a esta información sin necesidad de tener formación económica o contable específica.
Entre las recomendaciones que han salido adelante también se ha incluido una propuesta planteada por el propio presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, para pedir a la Intervención General del Estado que elabore informes provisionales de ejecución presupuestaria de modo que el organismo fiscalizador tenga información presupuestaria con una mayor celeridad y pueda presentar su informe con un menor retraso respecto del año analizado.
Con ello, se podrían cumplir los plazos establecidos en la Ley del Tribunal de Cuentas sobre el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado, otra de las recomendaciones que se hace, junto con la de que el Tribunal de Cuentas analice otra información económico-financiera relevante del sector público empresarial, fundacional o de consorcios.
En cualquier caso, el Tribunal de Cuentas debería promover las reformas legislativas y la adaptación de los recursos materiales y humanos que sean necesarios para acortar los plazos de aprobación de su informe sobre la Cuenta General, potenciar la colaboración con la Intervención aprovechando los medios telemáticos e incluir en su informe de la Cuenta General una referencia metodológica sobre el examen realizado y las limitaciones observadas.
RECOMENDACIONES REITERADAS
Una vez más, las recomendaciones incluyen propuestas que se repiten año tras año, como que se trabaje para subsanar los errores y deficiencias que se detectan en las cuentas presentadas, que se incremente la información incluida, que se mejore la elaboración y rendición de los presupuestos o que la rendición de información se haga en forma y plazo. En caso de incumplimiento, se deberían imponer las sanciones previstas en la Ley de Transparencia.
Por otra parte, se defiende la necesidad de vigilar que también las recomendaciones que hacen las Cortes, el Tribunal de Cuentas y la intervención se siguen, y que se informe sobre las causas que motivan las principales desviaciones presupuestarias.
