MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Educación está preparando un real decreto de Prácticas en el que aclarará los casos en los que los becarios deben ser dados de alta en la Seguridad Social, con el objetivo de evitar el fraude de cubrir puestos de trabajo necesarios con estudiantes con beca.
Así lo ha avanzado este miércoles la diputada del PP María Paz Lago durante el debate, en la Comisión de Empleo del Congreso, de una proposición no de ley con la que CiU instaba al Ejecutivo a modificar la reforma de las pensiones (Ley 27/2011) aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el objetivo de aclarar el régimen de los becarios y luchar contra el fraude en este ámbito.
En concreto, los nacionalistas catalanes planteaban vincular a la existencia de un contrato laboral las ayudas públicas o privadas a las estancias formativas, de especialización u otras, cuando no estén integradas en un plan de estudios oficial y vayan dirigidas a titulados académicos.
Sin embargo, la diputada 'popular' ha argumentado que esta modificación de la Ley 27/2011 "no ayudaría a una mejora de la regulación para erradicar el mal uso de las becas que encubren puestos de trabajo" y que, de hecho, "podría generar más confusión" y "conllevaría una extraordinaria ampliación del ámbito de aplicación" de la norma.
Además, ha señalado que el Ministerio de Educación está preparando un proyecto de real decreto de Prácticas donde "quedará perfectamente recogido qué personas que participan en programas de formación tienen que darse de alta en la Seguridad Social". En concreto, las prácticas curriculares --es decir, las exigidas en los planes de estudio-- no conllevarán la obligación de cotizar a la Seguridad Social, mientras que las prácticas extracurriculares sí obligarán al empresario a dar de alta al estudiante.
Además, ha recordado que el Gobierno ya ha dado cumplimiento a la obligación incluida en la Ley 27/2011 de incluir como asimilados a los trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social a los participantes en programas de formación financiados por organizaciones públicas o privadas que, vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, conlleven una contraprestación económica.
FRAUDE GENERALIZADO
Sin embargo, todos los partidos de la oposición han respaldado la propuesta de CiU, cuyo portavoz de Empleo, Carles Campuzano, ha recordado que la vía habitual de los jóvenes españoles para incorporarse al mercado de trabajo son la contratación temporal y las becas, que vienen utilizadas como "mecanismo para ofrecer un empleo sin asumir todas las responsabilidades legales que implica la contratación".
De ahí su propuesta, que pretende luchar contra el "abuso" de "encubrir puestos de trabajo a través de becas" y que no quedó solucionado, a su juicio, con la Ley 27/2011 por lo que es necesario revisar esa normativa para "dar una solución al problema".
Lo mismo opina la socialista Esperança Esteve, que cree que "la crisis ha incentivado una mala praxis por parte de las empresas, que encuentran por el camino de las becas una forma barata para tener personal altamente cualificado", y que defiende que "la beca sólo tiene sentido si el resultado es la formación y el beneficio del becario". "Si no, hablamos de un contrato y no de una beca, y esto se debería reflejar claramente", ha concluido.
Joan Coscubiela, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) coincide en la necesidad "urgente" de luchar contra la precariedad laboral que sufren los jóvenes titulados por culpa de empresas que "utilizan los recovecos legales para utilizar de manera fraudulenta la figura de las becas". Una "trampa legal" que no se da en casos puntuales sino que está "generalizada", lo que obliga a ir al origen del problema, que no es otro que la Ley 27/2011 pero también la reforma laboral.
Finalmente, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, teme que el uso de becarios como trabajadores se esté "convirtiendo en un fraude rutinario y organizado" en el que determinadas empresas incluso informan directamente al joven sobre dónde matricularse para poder contratarlo "como mano de obra barata", lo que afecta tanto a los derechos laborales de estas personas como a las arcas de la Seguridad Social.
