Un estudio pide la adecuación de las prestaciones mínimas a las condiciones de vida de las CC.AA.

Actualizado 05/07/2007 19:54:00 CET

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio insta a adaptar los mínimos básicos de las prestaciones sociales a la realidad de cada comunidad autónoma para evitar situaciones de pobreza, por lo que recomienda una mayor "flexibilidad" en el sistema de mínimos, combinada con "un sistema de complementos variables ligados a necesidades concretas".

Ésta es una de las conclusiones del estudio 'Renta y privación en España desde una perspectiva dinámica', elaborado por la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, Rosa Martínez, para la Fundación Alternativas, afín al PSOE, a partir de los datos del Panel de Hogares de la UE (1994-2001).

Según quedó patente durante la presentación hoy del estudio, en la que participaron, además de su autora, el presidente del Instituto de Estudios Fiscales, Jesús Ruiz, y el director del Laboratorio Alternativas, Juan Manuel Eguiagaray, la coordinación nacional de estos mínimos básicos favorecería directamente a aquellas familias que viven de prestaciones por desempleo y otras diferentes a las pensiones y que corren el riesgo de engrosar la lista de aquellos que por su nivel de privaciones suponen el 18% de los pobres existentes en España, según el informe.

Así, el trabajo considera parte de este segmento a aquellas personas que cumplen tres o más supuestos de privación. Por ejemplo, un 97% no puede disfrutar de unas vacaciones de una semana, un 93% nocuenta con una calefacción adecuada y un 73% no dispone de un ordenador personal. Sin embargo, sólo un 7,1% combina esta situación con unas rentas bajas.

Además, el estudio sitúa en situación de riesgo de pobreza a otros 'candidatos', como los jóvenes menores de 20 años, familias monoparentales o con 3 o más hijos y hogares con una tasa de paro elevada y persistente o con elevados gastos de alquiler o compra de viviendas. Geográficamente también pueden localizarse estos grupos: Canarias o el sur de la península.

Para ellos, el estudio diseña una serie de actuaciones que deberían priorizar los poderes públicos con el fin evitar posibles situaciones de pobreza, como la "mejora y potenciación" de las políticas encaminadas a incrementar las rentas vía empleo, fiscalidad o prestaciones, así como la "rebaja de los costes" de guarderías, viviendas o transporte, en el caso de las familias numerosas o monoparentales.

Además, recomienda reducir las tasas de desempleo, subempleo y temporalidad, y "diseñar y revisar" las políticas de vivienda, empleo y mantenimiento de rentas teniendo en cuenta las necesidades de los jóvenes y los inmigrantes.

Por otro lado, el informe llama a "seguir mejorando por encima del IPC las pensiones más bajas, en combinación con medidas estructurales necesarias para garantizar la buena salud a medio y largo plazo del sistema de la Seguridad Social".

Por último, considera preciso desarrollar medidas complementarias de apoyo a las personas mayores con necesidades especiales y para las familias encargadas de atenderlas.

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