MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
El PP no ve razones para citar a la ministra Fátima Báñez de forma extraordinaria al Congreso de los Diputados cuando sólo quedan tres días del periodo no hábil, que acaba el próximo 30 de enero, y ha asegurado que la titular de Empleo comparecerá en sede parlamentaria de forma ordinaria sobre diferentes asuntos a partir de febrero, aunque sin precisar una fecha concreta.
Así lo han señalado durante la Diputación Permanente la diputadas 'populares' Carmen Álvarez-Arenas y María Jesús Bonilla, en respuesta a las peticiones de comparecencia extraordinaria planteadas por el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU y el PNV sobre temas como la Garantía Juvenil, los datos de paro juvenil, la nueva cartera común de servicios de empleo o la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre la ultraactividad de los convenios colectivos.
"Estamos de acuerdo en que la ministra debe hablar sobre estas cuestiones, lo ha hecho en innumerables ocasiones y, por supuesto, lo puede volver a hacer. Vendrá a hacer balance de la política de empleo y de lo que consideren, pero están pidiendo una comparecencia extraordinaria cuando quedan tres días de este periodo no hábil. No perdamos el norte", ha pedido la portavoz de Empleo del PP.
Bonilla, por su parte, ha coincidido en la "preocupación tremenda" por los datos de empleo y paro, pero a su juicio "no se han producido las circunstancias excepcionales que justificarían una comparecencia extraordinaria de la ministra", que no obstante sí "está prevista" para el periodo ordinario.
"DEBERÍA HABER DIMITIDO".
Sin embargo, el portavoz socialista de Empleo, Rafael Simancas, cree que el fallo del TS sobre la ultraactividad de los convenios ha puesto "patas arriba" la reforma laboral, por lo que es necesaria una explicación política "que hasta ahora nadie a dado" sobre qué consecuencias tendrá o si se cambiará la normativa. "Yo, después de este varapalo judicial, habría dimitido por vergüenza. La ministra ha decidido no hacerlo, al menos que dé la cara y nos lo explique", ha añadido.
Su compañera María González Veracruz también cree que los "miles de jóvenes" desempleados o que han tenido que emigrar de España para encontrar un trabajo "se merecen" que Báñez les explique su "alegría" por unos datos que siguen manteniendo el paro juvenil por encima del 53% y el por qué de su "inacción" en la puerta en marcha de los fondos vinculados a la Garantía Juvenil. "El problema es que no lideran las soluciones que se necesitan", ha dicho.
Por la Izquierda Plural, Joan Coscubiela ha ironizado con que éstos son "tiempos muy duros", ya que la oposición debe explicar las razones que le llevan a realizar su trabajo de control al Gobierno, y ha afirmado que es "obligación" de Báñez dar cuenta de los resultados de sus políticas ante el "principal problema del país", sobre todo porque "desgraciadamente no son buenos". Igualmente, cree que debe "dar la cara" ante una sentencia judicial que "atiza muy fuerte a su estrategia de degradación salarial" mediante el fin de la negociación colectiva.
El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, también cree que las solicitudes de comparecencia son "justificadas y muy necesarias" porque el Ejecutivo no está haciendo nada contra la "trampa competencial" y la "ineficacia" de las políticas de empleo, que "agravan" el problema del paro. "Habrá que coger el toro por los cuernos", ha dicho, defendiendo que el primer paso para ello es que Báñez dé explicaciones a los grupos parlamentarios.
VULNERACIÓN DE COMPETENCIAS.
Por parte de CiU, su portavoz económico, Josep Sánchez Llibre, coincide en que las "insostenibles" cifras del paro juvenil exigen que la ministra dé explicaciones cuanto antes sobre por qué no se ha puesto en marcha aún la Garantía Juvenil ni se han movilizado los 1.800 millones de euros aprobados a finales de 2013 para este fin. Además, reclama más información sobre cómo se garantizará que la nueva cartera común de servicios del Sistema Estatal de Empleo no vulnera competencias autonómicas.
Un asunto sobre el que ha hecho mucho hincapié el portavoz de Empleo del PNV, Emilio Olabarria, que recuerda que las competencias autonómicas "no están subordinadas a las nacionales y menos aún están sujetas a tutelas o controles", cosa que se trata de hacer continuamente en materia laboral. "Pero la ministra no sólo debe explicar esta centralización brutal sino también la degradación de esta competencias y su ineficiencia, porque seguimos con el mismo porcentaje de parados jóvenes que al inicio de la crisis", ha añadido.
Igualmente, reclama explicaciones respecto de las consecuencias del fallo del TS sobre ultraactividad de los convenios y saber si el Ministerio está negociando a este respecto con los agentes sociales. "Esto siempre fue una extravagancia de la reforma laboral. No sé si el fallo judicial es la puntilla de muerte, pero sí es una deslegitimación de un aspecto troncal de la reforma", ha añadido.
"NO LES PREOCUPA ANALIZAR LOS RESULTADOS".
Ante todos estos argumentos, Álvarez-Arenas ha acusado a la oposición de estar más analizados en hablar de una sentencia que "afecta a un caso de una sola trabajadora" que en "analizar en profundidad los resultados de la reforma laboral" que, a su juicio, ha permitido dar la vuelta a la situación del mercado de trabajo en España y convertir la destrucción de empleo en creación neta de puestos de trabajo por primera vez en los últimos siete años.
"Atacan la reforma laboral de forma partidista, no piensan en los trabajadores ni miran los datos que demuestran que ha frenado la destrucción de empleo, impulsado la negociación colectiva y la flexibilidad de las condiciones", ha insistido, escudando sus palabras en los datos de aumento de convenios firmados, reducción de EREs y de huelgas e incremento de despidos colectivos pactados. "A eso le llaman litigiosidad exacerbada", ha ironizado.
Finalmente, ha criticado que tanto el PSOE como la Izquierda Plural estuvieran esgrimiendo el fallo del TS incluso antes de que se publicara, y ha recordado que el propio Tribunal Constitucional (TC) ha "legitimado" varios aspectos de la reforma laboral que fueron recurridos por ambos grupos parlamentarios y sobre los que "han dicho sapos y culebras".
