Tribunal de Cuentas emplaza a Empleo a reclamar lo que le debe la UNED por usar sus sedes en el exterior

Sede del Tribunal de Cuentas
EUROPA PRESS
Actualizado 28/01/2015 13:07:56 CET

Cree que el Ministerio evitó convocar plazas en el extranjero prorrogando trabajadores provisionales más allá de lo previsto

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha emplazado al Ministerio de Empleo a reclamar las deudas que la Universidad de Educación a Distancia (UNED) y el Ministerio de Educación mantienen por el uso de sus sedes en el extranjero, según consta en el 'Informe de fiscalización sobre la gestión realizada por las consejerías del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en Europa'

En ese informe, que analiza datos de estos departamentos correspondientes al año 2011, aunque también estudia el impacto de ciertos aspectos en los ejercicios de 2012 a 2014, se sostiene que las consejerías y secciones del Ministerio de Empleo en el exterior podrían haber estado "soslayando" la convocatoria de provisión de ciertas plazas, manteniendo así adscripciones provisionales de trabajadores más allá del tiempo previsto y legalmente permitido.

El documento, que recoge Europa Press, se centra fundamentalmente en las consejerías de Francia, Reino Unido y, sobre todo, en las de Alemania y Suiza, por ser los países en los que la emigración española en estos últimos años ha sido "más intensa" y dado que la función de estas oficinas es "acercar a los ciudadanos españoles la acción asistencial del Estado", particularmente del Ministerio de Empleo.

NO HA HABIDO CONCURSOS

Según el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda, las nuevas incorporaciones de funcionarios a estas plantillas entre 2011 y 2013 se han producido siempre mediante comisiones de servicios de más de dos años (uno prorrogable por otro más) y adscripciones provisionales (un año), "sin que se hayan convocado los oportunos procedimientos para la provisión de estas vacantes mediante convocatoria pública".

En concreto, a 31 de diciembre de 2011 había catorce funcionarios en comisiones de servicio, destacando algunos casos en Francia o Reino Unido que seguían manteniéndose dos años después. Es más, un funcionario de la sección de Ginebra (Suiza) lleva en estas circunstancias desde el 1 de noviembre de 2007, superando "con mucho" el tiempo máximo permitido, lo que podría suponer que se ha "estado eludiendo la convocatoria pública de méritos para la provisión de estos puestos de trabajo".

Por su parte, había siete nombramientos en adscripción provisional a finales de 2011, que se elevaron a una decena a fecha 10 de noviembre de 2013 y que con carácter general se prolongaron por "periodos de tiempo dilatados" y, en algunos casos, sin que ni siquiera existiera una razón de las recogidas en la normativa para recurrir a esta fórmula de contratación.

Y es que sólo se puede recurrir a la adscripción provisional en caso de remoción o cese en un puesto de concurso o libre designación, por supresión del puesto de trabajo o por reingreso al servicio activo sin reserva de puestos. Sin embargo, el Tribunal insiste en que "las adscripciones producidas hasta 2011, inclusive, no se atuvieron a las situaciones tasadas" y que hasta noviembre de 2013 tampoco se procedió a convocar las plazas, a pesar de que la normativa fija un plazo de un año para hacerlo.

Es mas, el organismo fiscalizador advierte de que estas "adscripciones de muy larga duración" también han incumplido, al menos en ocho casos, la norma que limita la adscripción máxima de un funcionario a un puesto de trabajo en una sección por tres años prorrogables por otros tres. Por eso, teme que con estas "prolongaciones" en el tiempo se haya podido estar "soslayando la provisión de estos puestos mediante convocatorias públicas".

PLANTILLAS DIVERSAS

Por otra parte, el informe también advierte que las plantillas en los diferentes países son "muy diversas", sin que el número de empleados parezca responder a parámetros concretos. Por ejemplo, mientras en los Países Bajos hay un trabajador por cada 1.436 españoles residentes, la cifra sube hasta 5.059 ciudadanos por cada trabajador en Francia que, sin embargo, cuenta con la plantilla más grande de todas las consejerías europeas, con 34 trabajadores. En Andorra, por su parte, un único funcionario debe atender a una población de casi 21.200 españoles.

En total, el Ministerio de Empleo contaba a 31 de diciembre de 2011 con 146 funcionarios en la decena de consejerías y secciones repartidas por Europa, para atender a más de medio millón de ciudadanos españoles, con una ratio media de un trabajador por cada 3.464 personas.

Unas cifras que, según el Tribunal, llevan a "reflexionar sobre cuál debe ser la dimensión adecuada" de las plantillas y su distribución geográfica, que debería guiarse por otros criterios aparte de la población a la que atienden, tales como el tipo de emigración, las actividades desarrolladas o la fórmula preferida para ponerse en contacto con estas oficinas.

Además, el informe también señala que en enero de 2013 "las plantillas prácticamente se mantenían invariables" con respecto a 2011 a pesar de que los emigrantes españoles habían aumentado un 4,19% hasta los 527.036 ciudadanos. Sin embargo, existen algunas secciones sin plantilla ni actividad, lo que "lleva a cuestionar su existencia".

INTEGRACIÓN DE SEDES

En otro orden de cosas, el organismo fiscalizador reconoce que en los últimos años el Ministerio ha llevado a cabo un proceso de traslado e integración de oficinas en los consulados, lo que redunda en una reducción de costes.

Además, se mantiene la política de cesión de espacios no utilizados a la UNED en ciudades como Fráncfort, Londres o Bruselas, a pesar de que la universidad no ha abonado los gastos en los que ha incurrido desde mayo de 2011, y de que Empleo tampoco ha reclamado a Educación la "parte proporcional de los gastos soportados por la utilización del edificio" donde está ubicada la Sección de Lieja (Bélgica).

De hecho, a 31 de diciembre de 2011 cuatro trabajadores no prestaban servicios en las consejerías a las que estaban adscritos, sino a otros departamentos como la UNED o a un consulado, pero sus costes salariales también fueron satisfechos por el Ministerio de Empleo.

"El Ministerio debería continuar con su política de trasladar e integrar sus secciones en las sedes de los consulados, reduciendo así el coste de sus servicios. En este sentido, debe asimismo explorar todas las vías que puedan conducir a optimizar los locales que se están utilizando, evitando espacios ociosos", recomienda el Tribunal, que también conmina a Empleo a "agilizar el cobro" de las deudas de otros departamentos.

POCA FORMACIÓN

El informe señala también que las actuaciones formativas promovidas por el Ministerio para sus funcionarios en el exterior han sido "escasas", aunque se observa un aumento en 2013, y también critica que las consejerías no tuvieran información "en tiempo real" de las solicitudes de la plantilla en esta materia.

Por eso, se recomienda "intensificar" la formación del personal y hacer un mayor uso de herramientas informáticas en la gestión de los recursos humanos. Asimismo, el Tribunal sugiere un manual común para todas las consejerías y secciones sobre la gestión de los principales procedimientos administrativos e instrucciones "precisas" para sus actividades de información, asesoramiento y fomento del empleo.

Finalmente, el informe señala la falta de aplicaciones informáticas para la obtención de información y la gestión de procedimientos recurrentes como los de subvenciones y viajes del Imserso, lo que "dificulta la toma de decisiones". Tampoco las páginas web facilitan enlaces directos a ninguna sede electrónica del Ministerio ni a un registro para facilitar el acceso a los servicios públicos, aspectos que deberían solventarse.