MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Unión Sindical Obrera (USO) ha denunciado que la nueva Ley de Mutuas, aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros, supone un avance "más" en la privatización de la gestión de la incapacidad temporal, tal y como lo demuestra el cambio del nombre de la normativa, que ha pasado de llamarse Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales a denominarse Mutuas de la Seguridad Social.
En concreto, la normativa aprobada establece que las mutuas podrán realizar el seguimiento de la prestación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común desde el primer día de la baja y, formular, como ya ocurre actualmente, una propuesta de alta médica "motivada".
Además, establece la distinción de cuatro grupos de procesos, en atención a su duración prevista y con distinta periodicidad en la expedición de los partes de baja. De esta forma, se tomará como referencia una tabla orientativa de duración estimada de la incapacidad temporal en función de su patología, edad o repercusión de la dolencia que la causó.
"Consideramos alarmantes las modificaciones relativas a la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, especialmente en lo relativo al control por parte de la mutua desde el primer día de la baja y las novedades en materia de propuesta de alta por parte la mutua, en la que el plazo para contestar por parte de Inspección es de solo 5 días y en caso de que pasado ese plazo no haya respuesta, el paciente perdería su prestación por silencio administrativo. Novedades idénticas a las recogidas en borrador del Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 de su duración", ha señalado el sindicato.
REPRESENTAN INTERESES EMPRESARIALES
Asimismo, prosigue, dado que el 80 por cierto de las empresas tienen la gestión económica de las contingencias comunes encomendadas a las mutuas, y que son asociaciones de empresarios, la salud va depender "aún más" de aquéllas que son juez pero también parte interesada, al representar intereses empresariales.
"Este hecho nos preocupa especialmente dadas los cada vez más habituales conflictos trabajador-Mutua por altas indebidas o por no reconocimiento de las contingencias profesionales", ha destacado el secretario de Comunicación y Formación de USO, Joaquín Pérez.
Del mismo modo, USO ha denunciado que, con este proyecto, el Gobierno haga "prevalecer" el factor económico de la incapacidad temporal sobre el factor sanitario y de recuperación de la persona convaleciente. Y es que, a su entender, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha continuado en la línea de lucha contra el absentismo, utilizando los datos aportados por el 'II Informe Adecco', estudio que considera absentismo cualquier ausencia que no sea vacaciones, festivos y jornadas de ERTE.
"El fraude en la incapacidad temporal viene sirviendo de excusa para imponer reformas que han supuesto un importante recorte económico y social de la prestación, sin que se hayan aportado nunca estudios o datos rigurosos sobre el volumen del supuesto fraude", ha zanjado.
