Exconsejeros de Caja Madrid piden avales bancarios para afrontar las fianzas de las 'tarjeta black'

Solicitan al juez Andreu que les de 15 días de plazo para pagar y ven "absolutamente irrelevante" el testimonio de Francisco Verdú

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los exconsejeros de Caja Madrid propuestos por CCOO Francisco Baquero Noriega y Pedro Bedia han solicitado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que amplíe a 15 días el plazo para pagar las fianzas civiles que les impuso por el uso de las 'tarjetas black' porque ese es el tiempo medio que los bancos tardan en facilitar el aval bancario que han pedido para hacer frente a esta medida cautelar.

Los sindicalistas han presentado sendos recursos, a los que ha tenido acceso Europa Press, a la fianza en concepto de responsabilidad civil fijada por el magistrado, que daba tres días de plazo a Baquero para depositar 356.000 euros y el mismo plazo a Bedia para pagar 105.000 euros. Andreu advirtió el pasado viernes a 21 exconsejeros, para los que acordó fianzas por total de 4,3 millones-- que si no pagaban embargaría sus bienes.

Al no tener sus recursos carácter suspensivo, Baquero y Bedia han presentado dos escritos dando a conocer al magistrado que están gestionando la tramitación de sendos avales bancarios que cubran la responsabilidad civil exigidas. "Si bien es lógico que en tan breve plazo no ha sido posible obtenerla, por lo que se solicita se amplíe el plazo para constituir el aval a 15 días más, que es el período medio que las entidades bancarias demoran en facilitar tal", añaden.

ERRORES EN LOS GASTOS ATRIBUIDOS POR LAS 'TARJETAS B'

Ambos han recurrido el auto de imposición de fianzas por sus "errores" y han advertido de que el perjuicio ocasionado solo puede ser reconocido por Caja Madrid, "que es quien ha soportado los cargos que se consideran delictuales". "No cabe duda que es Caja Madrid o su sucesor universal, la Fundación Caja Madrid, los únicos legitimados para llevar a cabo la denuncia que exige la norma", dicen, para añadir que el Ministerio Fiscal o el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) no pueden suplir este requisito.

Se quejan también de que la resolución no ha descontado los gastos que "se reconocen como lícitos" por ser gastos de representación y compensación a los consejeros, al tiempo que denuncian que los desembolos que se le atribuyen "han sido aportados al proceso por una acusación, pero sin justificación documental alguna, que no sea la propia relación creada por la acusación que lo aportó".

Finalmente, ambos aseguran que durante la etapa de Jaime Terceiro al frente de Caja Madrid, desde 1988 hasta 1996, no se exigió a los consejeros ninguna justificación de sus gastos y que el testimonio del ex consejero delegado de Bankia Francisco Verdú --que no usó la 'visa'-- "no desmerece" esta afirmación y es "absolutamente irrelevante" al no tener ninguna relación con la caja y desconocer la operativa de las tarjetas.

"Verdú nunca tuvo relación con Caja Madrid; y de hecho la tarjeta que se le ofrece y luego no usa, fue de Bankia. Al desconocer la forma de operar de las tarjetas de Caja Madrid, su testimonio es absolutamente irrelevante, sin perjuicio de que lo considere como una mala práctica bancaria, en ningún caso de contenido delictivo, pues en otro caso suponemos que lo habría denunciado", señalan en sus recursos.

El exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú, número dos de la entidad, aseguró ante Andreu que en febrero de 2012 advirtió al entonces presidente, Rodrigo Rato, de que las 'tarjetas black' que tenían los directivos constituían "una mala praxis bancaria". "En treinta años de vida profesional en la banca no había visto algo similar", dijo, según fuentes jurídicas presentes en su comparecencia.

Andreu impuso el pasado 27 de febrero fianzas por un total de 4,3 millones de euros a 21 exconsejeros de Caja Madrid, que oscilan entre los 11.000 euros y los 610.000 euros fijada para el exconsejero propuesto por IU José Antonio Moral Santín, en el marco de la causa en la que investiga los gastos personales cargados por valor de 15,5 millones a las 'tarjetas black' desde 1999 hasta 2012.