MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Economía del Congreso debatirá este miércoles una proposición no de ley de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para exigir que las administraciones públicas controlen que las grandes empresas pagan a sus subcontratas y proveedores en el plazo máximo previsto por la normativa de 60 días naturales.
En su iniciativa, que recoge Europa Press, los republicanos catalanes lamentan que la "ausencia de un régimen sancionador" contra la morosidad en el sector privado lleva a que muchas empresas, sobre todo "los grandes adjudicatarios de obras públicas", se financien "a costa" de sus subcontratas y proveedores, que deben aceptar "condiciones abusivas" dada su "dependencia".
"Parece oportuno adoptar medidas para minimizar los abusos y mantener los periodos de pago de las operaciones comerciales dentro de los límites estrictos que marca la ley de Lucha contra la Morosidad", argumenta ERC, que cita un informe de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM) según el cual las grandes compañías no financieras del Ibex35 pagan a 171 días de media pese a que cobran apenas en 77 días.
NO SE PUEDE EXIGIR EL CONTROL.
Una situación que es posible porque las sucesivas normativas, incluyendo las leyes de Apoyo a los Emprendedores aprobadas en julio y septiembre de 2013, permiten pactar plazos de pago superiores a los establecidos y no fijan como "norma imperante" el control de las administraciones de los periodos reales de pago, lo que permite que, pese a existir la competencia de control, las subcontratas no puedan exigir su aplicación.
Por ello, Esquerra propone adoptar medidas urgentes para controlar los plazos de pago de los contratistas principales con sus suministradores y subcontratistas y de otorgar a éstos una protección en el cobro de sus prestaciones que les garantice que puedan percibir sus contraprestaciones dentro del plazo máximo de 60 días naturales, computados desde la fecha de la realización de sus prestaciones.
Al margen de esta iniciativa, ERC también tiene registrada y pendiente de debate una proposición de ley con el mismo objetivo, en la que se propone modificar la Ley de Contratos del Sector Público para, además, obligar a los contratistas principales a remitir al ente público contratante un certificado emitido por alguna de las asociaciones empresariales multisectoriales que represente a los suministradores y subcontratistas o por la PMCM, en el que se acredite que se están cumpliendo los plazos de pago legales.
Al tener consideración de "condición esencial de ejecución" en los pliegos de condiciones y el contrato, el incumplimiento de estos periodos de pago conllevaría la misma sanción que otras faltas ya previstas en la legislación.
