MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que vuelve a pedir al Gobierno que apruebe la dación en pago con carácter retroactivo, la opción a alquiler social para desahuciados en situación grave y una moratoria de los lanzamientos con carácter general atendiendo a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que reconoce la vivienda como un "bien de consumo de necesidad básica".
En la iniciativa, que será debatida en la Comisión de Economía, los nacionalistas gallegos recuerdan que ya avisaron de que la Ley Antidesahucios aprobada en mayo de 2013 era "minimalista" y se limitaba a "parches" que se "quedaban en la superficie" y no serviría para "atender debidamente al drama social" de los desahucios.
Ya entonces, continúa, se reclamó la incorporación a la normativa de las exigencias de la iniciativa legislativa popular (ILP) que llegó al Congreso acompañada por un millón y medio de firmas, pero el PP "aprobó en solitario" la normativa y se negó también a incorporar cambios de calado propuestos por los grupos de la oposición.
"El drama de los desahucios pervive. La ley del PP no funciona, no ha servido para atajar el problema y dar un trato más humanitario y social a las personas y a las familias que viven estas duras situaciones", lamenta el BNG, citando datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) según los cuales los lanzamientos en el primer trimestre de este año aumentaron un 7% con respecto al trimestre anterior pese a que bajaron un 5% interanual.
DOS SENTENCIAS EN CONTRA
Además, el Bloque critica que ni siquiera la sentencia que el TJUE dictó el año pasado, declarando la normativa española contraria a la normativa comunitaria por no defender suficientemente los derechos de los consumidores a oponerse a un desahucio cuando su contrato hipotecario incluyera cláusulas abusivas fue suficiente par mover al Gobierno de sus posiciones.
Ahora, el tribunal de Luxemburgo vuelve a rechazar la norma, argumentando que "vulnera los derechos fundamentales de las personas y sitúa al deudor hipotecario en situación de desigualdad", al no poder recurrir en segunda instancia fallos contrarios a sus intereses frente a la posibilidad que sí se ofrece a las entidades financieras.
"Nos encontramos con la paradoja de que la ley no sólo no ha resuelto el problema sino que incluso ha provocado un caos procesal", argumenta, instando al Gobierno a "aprobar definitivamente una legislación justa".
Y, más allá de modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para dar las mismas oportunidades de recurso a deudores y acreedores --cosa que el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya se ha comprometido a hacer a través de un decreto que se aprobará en el Consejo de Ministros del 29 de agosto--, también reclama al Ejecutivo que contemple medidas como la moratoria de desahucios, la dación en pago retroactiva o la opción a alquiler social como alternativa a una situación grave, atendiendo al "principio recogido en la sentencia del TJUE, que reconoce la vivienda como un bien de consumo de necesidad básica".
Además, la portavoz del BNG en el Congreso, Olaia Fernández Davila, ha registrado una batería de preguntas escritas sobre el asunto para saber si el Ejecutivo cambiará la Ley de Enjuiciamiento Civil en cumplimiento del fallo europeo, cuándo lo hará y si está dispuesto a "reabrir el debate" sobre los desahucios para "tener en cuenta las demandas de los ciudadanos" dado que el problema no está resuelto.
"A la luz de los todavía elevados datos de ejecuciones hipotecarias, ¿no considera el Gobierno que la actual legislación no ha atajado el problema y que los bancos siguen actuando de manera abusiva? ¿Qué disposición tiene a realizar las modificaciones legislativas que recojan demandas sociales y políticas como la moratoria de los desahucios, la dación en pago o el alquiler social?", añade.
