MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
Convergència i Unió (CiU) propone incluir subvenciones salariales equivalentes al 50% del salario mínimo interprofesional (SMI) para las empresas o autónomos que contraten, en prácticas o por formación y aprendizaje, a jóvenes beneficiarios de la Garantía Juvenil.
Ésta es una del centenar de enmiendas parciales que los nacionalistas catalanes han registrado en el Congreso al 'macrodecreto' de Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que se tramitará como proyecto de ley en dos sesiones de la Comisión de Economía que tendrán lugar la próxima semana.
En la propuesta, que recoge Europa Press, se sugiere que quienes firmen un contrato en prácticas o para la formación y el aprendizaje con un joven beneficiario de la Garantía Juvenil quede eximido durante seis meses del pago de unos 320 euros (según el SMI de 2014) de su salario, siempre y cuando el contrato se firme antes del 30 de junio de 2016 y se mantenga al menos durante medio año.
CiU pide también elevar a 30 años la edad límite para acogerse la Garantía y que se reclamen fondos complementarios a la UE, que deberían ser transferido a las comunidades autónomas. Asimismo, se propone reducir de tres a un mes el periodo previo durante el que el joven no puede haber recibido formación para poder inscribirse en la Garantía, salvo que no se disponga del graduado de Secundaria, en cuyo caso no se exigirá este requisito.
En relación con otras materias laborales, los nacionalistas catalanes piden recuperar la posibilidad que existía antes de la reforma laboral del PP de que los trabajadores puedan solicitar a la autoridad laboral el inicio de un expediente de regulación de empleo si el empleador no lo hace y con eso les perjudica.
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
Los nacionalistas catalanes también aprovechan este 'macrodecreto' para plantear una amplia batería de propuestas en relación con los trabajadores discapacitados. En concreto, se pide que las bonificaciones se mantengan durante todo el tiempo que estén dados de alta como autónomos (y no sólo cinco años), que no se pierdan si se contrata a otro empleado y que equivalgan al 100% del total de la base del Régimen Especial vigente en cada momento. El objetivo sería "superar las tasas extraordinariamente bajas de empleo" de este colectivo, que también sufre mucho paro.
Reclaman asimismo que las ayudas a los Centros Especiales de Empleo para subvencionar el coste salarial de trabajadores con parálisis cerebral, enfermedad mental, discapacidad intelectual de al menos el 33% o física o sensorial a partir del 65% equivalga al 75% del SMI, recuperando así "con carácter general" una medida que ya estuvo en vigor en 2009 y 2010 con un "impacto muy positivo".
Además, en un plazo de un año se debería aprobar una ley para favorecer el mantenimiento del empleo entre personas con discapacidad sobrevenida, y se exige que los minusválidos puedan acceder a una renta mínima de inserción sin tener que acreditar que han agotado otras prestaciones.
Por otra parte, se pide que trabajadores o funcionarios discapacitados o que tengan a su cuidado directo a un discapacitado tengan derecho a adaptar su jornada, horario y turno de trabajo si tienen que acudir a tratamientos de rehabilitación, sin que la empresa pueda denegar la solicitud.
En este mismo sentido, CiU pide ampliar de dos a tres años la excedencia máxima para cuidar a un familiar de hasta segundo grado por edad, accidente, enfermedad o discapacidad, igualando así el periodo permitido para cuidar a un menor.
También se reclama comprobar que las empresas cumplen con las obligaciones de trabajadores discapacitados (2% de la plantilla) para contratar con la Administración y que se excluya de cualquier subvención a quienes no respeten este precepto o hayan sido condenados por discriminación o vulneración de las normas que favorecen a los discapacitados. Finalmente, se propone fijar en un 7% el importe de la contratación pública anual que debe reservarse a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción.
OTROS DERECHOS SOCIALES
Las enmiendas también sugieren que las pensiones no contributivas de invalidez sólo estén ligadas a la renta y patrimonio personal del beneficiario, y no al familiar, y que se incrementen los ingresos por trabajo que se pueden compatibilizar con dicha pensión. Asimismo, se pide suprimir el plazo máximo de cuatro años en el que se permite esta compatibilización, que debería ser indefinida.
En cuanto a la llamada 'Reforma Amanda', que permite que los padres de un bebé fallecido tras seis meses de gestación puedan inscribirlos en el Registro Civil con un nombre, CiU pide que entre en vigor el próximo 1 de enero y que se aplique a cualquier ciudadano, independientemente de la fecha del suceso. No obstante, pide que se retrase al menos hasta julio de 2016 el resto de cambios que afectan al Registro Civil para poder plantear una ley independiente y negociada.
DESCENTRALIZACIÓN AEROPORTUARIA
El 'macrodecreto' también incluye cambios en materia aeroportuaria, que CiU aprovecha para exigir que se suprima el proceso de privatización de Aena, ya que dificultará la descentralización en la gestión de los aeropuertos. En este sentido, se pide anular la consideración de todos los aeropuertos como infraestructuras de interés general para que las comunidades autónomas puedan reclamar la titularidad sobre los que dejen de serlo.
En este sentido, los nacionalistas catalanes van más allá y proponen que en un plazo máximo de tres meses se traspase la gestión de El Prat a la Generalitat de Catalunya y la titularidad y gestión de los aeropuertos de Gerona, Reus y Sabadell. También pide que se permita una "participación mayoritaria y determinante" de las comunidades en la gestión de los aeropuertos de interés general, más allá de los Comités de Coordinación Aeroportuaria, y que no se reduzca su participación en estos órganos, algo que interpretan como un intento de centralización.
CAMBIOS TRIBUTARIOS
En materia fiscal, proponen que los cambios sobre la tributación de las participaciones preferentes en el IRPF se puedan aplicar a todos los ejercicios no prescritos, y no sólo al de 2014, y que la exención de plusvalías en las daciones en pago sólo se aplique a las personas físicas, previendo además controles posteriores de los ayuntamientos para facilitar su tramitación pero permitiendo la reclamación de todo el tributo en caso de comprobarse que los afectados tenían bienes para poder pagar su deuda hipotecaria.
Por otra parte, se propone que la reducción al 15% de las retenciones a los autónomos se aplique si los rendimientos íntegros del año anterior fueron de 22.000 euros (y no de 15.000 euros como dice el Gobierno), y que se eleven del 18% al 35% las deducciones en el Impuesto de Sociedades por inversiones en cine.
En cuanto al Impuesto sobre depósitos bancarios, CiU quiere que se compense a Cataluña con al menos 600 millones anuales por la pérdida de recaudación que causará la imposición de un tipo inferior al que pretendía aplicar la Generalitat.
Entre el resto de medidas, se pide respeto por las competencias autonómicas en diferentes ámbitos, que los límites a las comisiones por uso de tarjeta se apliquen también al pago a las administraciones públicas, que se cambie la excesivamente "restrictiva" regulación sobre los drones, o que se apruebe un plan para garantizar la continuidad de las plantas de tratamiento de purines, incluyendo un periodo transitorio en el que se mantengan las retribuciones anteriores a la reforma.
