MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, volverá a quejarse este martes al Parlamento de los largos plazos de rendición de cuentas actualmente vigentes, y pedirá una vez más que se agilicen los tiempos sobre la Cuenta General del Estado, de modo que el informe de fiscalización pueda llegar a las Cortes con un menor retraso con respecto al año analizado.
Durante la presentación ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas del informe sobre la Cuenta General del Estado de 2012, Álvarez de Miranda destacará una vez más el tiempo que ha transcurrido desde que se liquidó el presupuesto de dicho ejercicio, y que los dos años que han pasado son resultado de los doce meses de trabajo que necesita el organismo para analizar todos los datos y los diez meses que tardó el Gobierno central en enviarle la información.
De hecho, esta queja se repite cada año, y ya en diciembre de 2013 el presidente del organismo planteó, en declaraciones a Europa Press, que el Tribunal de Cuentas debería tener control "inmediato" de la ejecución presupuestaria según se va produciendo para poder articular actuaciones "cuasi-preventivas" y prevenir así desviaciones en las diferentes partidas.
"Debería replantearse el papel del Tribunal de Cuentas en el control prácticamente inmediato de la ejecución de los presupuestos y de las posibles desviaciones que afecten al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria", insistía el presidente del organismo fiscalizador, para quien los nueve meses de media que el Estado tarda en remitir la Cuenta General más los meses adicionales que lleva analizar y contrastar toda la documentación son demasiado.
SUBSANAR DEFICIENCIAS.
Por otra parte, el informe de fiscalización de las cuentas de 2012, que recoge Europa Press, también propone a las Cortes instar al Gobierno a adoptar medidas para subsanar las deficiencias detectadas en la documentación, de modo que se "ajuste a la legislación aplicable y refleje adecuadamente la actividad económico-financiera del sector público estatal".
Y es que, aunque todas las entidades del sector público administrativo cumplieron con su obligación de rendición de cuentas con una "notable mejora" con respecto a los plazos, el Tribunal sigue detectando "diferencias" en los criterios utilizados por cada entidad a la hora de elaborar los estados contables.
Además, el informe de la Cuenta General del Estado de 2012 también señala "diversas deficiencias" respecto a la "regularidad contable y legal" de la ejecución del presupuesto de gastos, al haberse pospuesto hasta 5.577 millones de euros a la contabilización de ejercicios posteriores a pesar de haberse realizado en dicho año.
El Tribunal también lamenta que la memoria que acompaña a la Cuenta General "no aporta en algunos aspectos información suficiente", destacando como la "deficiencia más significativa" la "falta de explicación de las principales causas que han motivado las desviaciones entre los resultados presupuestarios obtenidos y los inicialmente previstos, así como de las variaciones de éstos en relación con los del ejercicio anterior".
Entre otras deficiencias contables, se señala también que los compromisos de gasto adquiridos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores --que a finales de 2012 ascendían a 855.953 millones de euros, incluyendo la deuda del Estado-- no fueron registrados de forma adecuada en su totalidad.
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL.
La Cuenta General del Estado está integrada por las cuentas generales de los sectores públicos administrativo, empresarial y fundacional. El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas analiza el grado de cumplimiento de la obligación de rendir cuentas en el plazo legalmente establecido y la consistencia de la documentación remitida.
También comprueba el cumplimiento de las normas presupuestarias, contables y restante normativa, y expone las limitaciones y salvedades deducidas de los análisis efectuados sobre la liquidación presupuestaria y los estados financieros de las distintas Cuentas Generales, además de la información aportada por las respectivas Memorias, señalando que dichas salvedades afectan a la representatividad de la Cuenta General del Estado.
