Apuesta por crear a largo plazo eurobonos y un ministro de Economía y un Parlamento para la eurozona
BRUSELAS, 27 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Mariano Rajoy ha propuesto a sus socios de la UE ajustar el mandato del Banco Central Europeo (BCE) con el fin de evitar que su política monetaria genere burbujas de crédito como las que sufrieron España o Irlanda desde 2003 y que acabaron llevando a la crisis de deuda.
Para ello, las autoridades españolas quieren que el BCE tenga en cuenta, a la hora de decidir si baja o sube los tipos de interés, no sólo la inflación media en la eurozona, sino también las diferencias y la dispersión entre los Estados miembros y los "efectos locales" de sus políticas, según han explicado este miércoles fuentes gubernamentales.
Este ajuste impediría, según el Gobierno, que se repita lo ocurrido desde mediados de 2003, cuando el BCE decidió bajar tipos de forma "muy agresiva" por el estancamiento y la baja inflación en Alemania y Francia, mientras que España o Irlanda registraban un fuerte ritmo de crecimiento y de subida de precios. El resultado fue una burbuja de crédito en estos dos países y una fuerte pérdida de competitividad.
En una primera fase, este cambio sería aplicado en la práctica por el BCE en sus decisiones de política monetaria y en el futuro podría incorporarse formalmente a su mandato si hay una reforma de los Tratados, según pretende España.
El ajuste en el mandato del BCE es una de las propuestas incluidas en la aportación que ha realizado España para la elaboración de la hoja de ruta sobre el futuro de la eurozona, que están preparando los presidentes de la Comisión, Jean-Claude Juncker; del Consejo Europeo, Donald Tusk; del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem; y del propio BCE, Mario Draghi.
La hoja de ruta, cuyo objetivo es corregir los defectos estructurales de la eurozona que han quedado al descubierto con la crisis de deuda, será discutida por los líderes europeos en la cumbre de finales de junio.
El Gobierno pretende además que la Comisión deje de enviar recomendaciones detalladas de política económica a los Estados miembros cada año (a España le ha vuelto a pedir más reformas en el mercado laboral y que apruebe la ley de servicios profesionales). En su lugar, apuesta por introducir una serie de objetivos obligatorios en materia de inflación o balanza por cuenta corriente, que garantizarían la corrección de los desequilibrios económicos, y dejar que cada país adopte las reformas que considere oportunas para lograrlos.
Otra de las propuestas de España es impulsar la movilidad laboral en la eurozona eliminando los obstáculos que la dificultan, como los problemas para el reconocimiento de títulos o de los derechos adquiridos en materia de seguridad social y elaborar una hoja de ruta con diferentes fases para crear una auténtica unión fiscal.
Más a largo plazo, el Gobierno defiende crear un ministro de Economía de la eurozona que aglutine las funciones que ahora realiza el comisario de Asuntos Económicos y el presidente del Eurogrupo y también un Parlamento de la eurozona, formado por diputados de las comisiones de Economía de los Estados miembros, con el fin de aumentar su legitimidad democrática.
España quiere además crear de forma paulatina un presupuesto específico para la eurozona que se utilizaría para responder a crisis asimétricas en algunos de los Estados miembros y apuesta a largo plazo por la introducción de eurobonos.
