MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El 5% de los pisos incluidos en el Fondo Social de Vivienda (FSV) que el Gobierno creó en mayo de 2013 se reservará para personas que, cumpliendo los criterios generales establecidos, hayan sido desahuciadas de su vivienda habitual por impago de un préstamo no hipotecario.
El Ejecutivo introduce esta matización en la Ley para Reforzar la protección a los deudores hipotecarios mediante una de las 40 enmiendas que el Grupo Popular ha registrado en el Congreso al proyecto de ley de Medidas concursales, a las que ha tenido acceso Europa Press.
Así, si hasta ahora los alquileres sociales del FSV estaban reservados para desahuciados por impago del préstamo hipotecario, a partir de ahora se reservará un 5% de los pisos disponibles para quienes, siendo propietarios de su vivienda habitual y reuniendo el resto de requisitos, "hayan sido desalojados por impago de préstamos no hipotecarios".
FONDO SOCIAL DE VIVIENDAS
Mediante la normativa antidesahucios, se encomendó al Gobierno y al sector financiero constituir un fondo de alquiler social para alojar a los afectados por desahucios por impago de un préstamo hipotecario posteriores al 1 de enero de 2008.
Para acceder a estas viviendas --6.000 en un primer momento-- se fijaron mediante un convenio una serie de condicionantes familiares y económicos. Así, el conjunto de los ingresos mensuales de la unidad familiar no puede superar en tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (1.597 euros conforme al IPREM actual) y ninguno de los miembros de la unidad familiar puede disponer de vivienda en propiedad o usufructo.
Además, se debe ser familia numerosa, tener menores de tres años a cargo, ser familia monoparental con dos o más hijos, tener algún discapacitado, dependiente o incapacitado; que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones, ser víctimas de violencia de género o ser personas mayores, prejubilados o jubilados que hayan avalado con su vivienda a sus hijos o nietos.
AMPLIAR EL ÁMBITO DE APLICACIÓN
En mayo del año pasado el Ministerio de Economía anunció que se ampliaría el ámbito de aplicación del Fondo para cubrir a más familias, de modo que todas las personas o unidades familiares con circunstancias de vulnerabilidad social distintas de las anteriores pudieran obtener un alquiler social siempre que un informe de los servicios sociales competentes lo aconsejara.
Ahora, se recoge en un texto legislativo esa intención al señalar que el ámbito de cobertura del Fondo Social se puede ampliar a "personas que se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad social distintas a las previstas" en la ley Antidesahucios.
Además, el pasado 4 de febrero el Ministerio de Economía anunció su decisión de prorrogar la existencia del Fondo un año más, hasta el 17 de enero de 2016, intención que ya había avanzado hacía meses ante la proximidad del vencimiento de los dos años de vigencia del convenio firmado inicialmente. En este tiempo, 1.465 familias se han visto asistidas por este mecanismo, según datos del Gobierno.
