MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno no modificará de momento la regulación sobre los modificados de contratos y sobreprecios, sino que esperará al momento en que haya que trasponer a la normativa española las nuevas directivas comunitarias de Contratación, que revisarán "en profundidad" esta materia.
Así se lo hace saber al diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, quien preguntó por escrito sobre las medidas que se adoptarían ante los "escandalosos" sobrecostes detectados en la mayor parte de los proyectos de infraestructuras que se ejecutaban en España, sobre todo antes de la crisis.
En su respuesta, que recoge Europa Press, el Ejecutivo recuerda que "actualmente, la inminente aprobación de un nuevo paquete de directivas comunitarias cuyos textos ya han sido adoptados obligará a una revisión en profundidad de la normativa en materia de la contratación pública".
Entre otras "muchas" materias, se verá afectada la regulación tanto de las ofertas anormalmente bajas como de los modificados de contrato durante su vigencia. Y, dado que esos cambios deberán ser traspuestos, el Gobierno prefiere esperar a ese momento para que la nueva norma nacional cumpla las disposiciones de la regla comunitaria.
En cualquier caso, también señala que la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) ya adoptó medidas como centralizar determinados contratos de suministros y servicios y creó la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda, con la vista puesta en último término en establecer "unos criterios homogéneos que permitan un mejor seguimiento de los costes, evitando desviaciones injustificadas".
SEGUIR EL MODELO FRANCÉS
Sin embargo, Llamazares no cree que esto sea suficiente dado que el sistema de contratación español es "perverso" y "encarece el coste de forma escandalosa" gracias a la "connivencia de los poderes públicos con las constructoras para adjudicarse contratos mediante ofertas muy agresivas que, posteriormente, se compensan económicamente" mediante modificados de contrato.
"Las batallas para ganar concursos generan una guerra de precios difíciles de cumplir", insiste, recordando que en 2007 el 62% de las infraestructuras se revisó al alza y que en 2008 el Ministerio de Fomento pagó unos 1.200 millones de euros en sobrecostes. Unos porcentajes que se han reducido algo con la crisis --el año pasado los contratos modificados cayeron al 42%-- pero no de manera suficiente para el diputado.
Como ejemplos de esta situación, Llamazares menciona el AVE entre Madrid y Barcelona, que se encareció un 31% respecto de lo previsto; la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, que pasó de 300 a 1.300 millones de presupuesto; la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, que ha cuadruplicado su coste "pese a no estar acabada y renunciar a dos de sus seis edificios"; la línea 9 del Metro de Barcelona, que costará 7.000 millones, unos 4.700 millones más de lo previsto; o la T4 del Aeropuerto de Barajas, por la que se pagaron seis veces más de lo licitado.
Por todo ello, el asturiano aboga por promover iniciativas legislativas que "impidan los sobrecostes abusivos en la contratación de obras y servicios públicos" más allá del limitar al 10% los modificados u obligar a las administraciones a publicar los cambios en los contratos.
Y, como propuestas, plantea dar "mayor importancia" a los informes técnicos previos de cada proyecto y a las ofertas técnicas presentadas a los concursos, que actualmente sólo pesan el 20% de la valoración. Además, pide que se refuerce la supervisión para impedir irregularidades, que se limitan o impidan las adjudicaciones negociadas sin publicidad e incluso que se siga el modelo francés y se creen dos tipos de contratos públicos: uno a precio "fijo y cerrado" y otro a precio revisable sujeto a unos índices oficiales de variación según la fluctuación de los precios de las materias primas y otros factores.
