El ministro pide "comprensión" y apoyo al último decreto, cuyas "intenciones" se "adecúan a un procedimiento de urgencia"
MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los grupos de la oposición en el Congreso han vuelto a criticar este jueves el uso de un decreto ley por parte del Gobierno, llegando a acusarle incluso de "improvisación" y reprochando la mezcla de temas en un mismo texto legal, pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido su procedencia por la "extraordinaria y urgente necesidad" de las medidas en él contenidas.
Durante el debate en el Pleno de la Cámara Baja para la convalidación del decreto ley por e que se conceden créditos extraordinarios por valor de 260 millones de euros a seis ministerios, para acometer actuaciones en materias como la lucha contra el ébola o la renovación de vehículos contaminantes, formaciones como el PSOE, Izquierda Plural, UPyD y PNV han criticado la "mala gestión" presupuestaria que se demuestra con este tipo de decretos, y también han calificado de "macedonia" la norma.
Así, el socialista Joan Rangel ha anunciado la abstención de su grupo porque, pese a compartir algunas de las partidas, la inclusión de temas variados impide su posicionamiento y porque "la mayoría corresponde única y simplemente a la falta de previsión del Gobierno". Además, ha justificado su voto en la "nula actitud de diálogo" de los 'populares' en la tramitación de los Presupuestos.
NO ES UN PROBLEMA HEREDADO
"Un Gobierno que tramita sus Presupuestos sin escuchar para nada a la oposición, sin aprobar casi ninguna enmienda, es el único responsable de sus previsiones e imprevisiones. Este decreto no trae causa en circunstancias sobrevenidas, sino en las imprevisiones del Gobierno. Así que de ustedes es la responsabilidad y ustedes deben asumirla en solitario", ha apostillado el diputado catalán.
Como ejemplos, ha citado la aportación de más de 160 millones de euros a instituciones financieras internacionales, correspondiente a los últimos dos ejercicios, y ha advertido de que la falta de cumplimiento de estos compromisos puede "generar perjuicios a la credibilidad de España y de las empresas españolas".
"Esto no es del anterior Gobierno. No hicieron (los cambios de contabilidad obligados por Eurostat), se ha acumulado la deuda y ahora hay que habilitar este crédito deprisa y corriendo. Esto no es una causa sobrevenida, es sencillamente improvisación y mala gestión", ha zanjado, advirtiendo a renglón seguido de que la misma situación se repetirá el año próximo con programas como el PIMA, que se prevé continuar pero para el que no se han previsto dotaciones en los Presupuestos de 2015.
DECRETO MACEDONIA
Más duro ha sido el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, que ha usado el turno en contra para criticar tanto la "exuberancia" de los decretos ley en esta legislatura como su contenido variado, que los convierten en una "macedonia indigesta a estas horas de la mañana".
"El Gobierno se ha acostumbrado a los decretos ley, y medidas que podían aparecer en las enmiendas del PP a los Presupuestos se incluyen en un decreto indigesto a estas horas de la mañana. El Gobierno vuelve a hacerle un feo a la Cámara, estamos viviendo un estado de decreto", ha añadido, rechazando además la aportación al Plan PIMA como vía de lucha contra el cambio climático, ya que no prima el uso de vehículos menos contaminantes sino únicamente su sustitución.
Toni Cantó, de UPyD, también ha rechazado un decreto "cajón de sastre", que supone "una nueva muestra de la incompetencia y el mal gobierno", y ha rechazado particularmente las dotaciones a los planes de desarrollo rural, que suponen "prestar de nuevo sin ninguna finalidad ni condicionalidad". "Es preocupante, parece que les da igual que algunas comunidades malgasten los recursos que les envían", ha llegado a decir.
A FAVOR PESE AL DESACUERDO
El portavoz de Economía de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha anunciado su voto favorable a pesar del uso del decreto y de que algunas de las cantidades consignadas, como las del ébola, son "insuficientes". Además, ha pedido que también se doten recursos para otros proyectos de las comunidades autónomas que "van retrasados" y "urgen".
Igualmente, el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, reconoce que no le parece mal el destino de la mayor parte de estos créditos extraordinarios --resultado, cree él, de la "presión que muchos ministros habrán ido metiendo al ministro de Hacienda a estas alturas del año para abordar compromisos pendientes"--, pero no entiende la urgencia de las decisiones, por qué no se habían presupuestado ya algunas de estas partidas ni por qué no se ha explicado a las cuentas de 2015.
El nacionalista vasco cree asimismo que algunas medidas, como el pago de compromisos internacionales, "vuelven a demostrar que se gestiona mal". "Y de paso pegan un nuevo viaje a la 'Marca España', nada nuevo bajo el sol", ha apostillado, reprochando también la "falta de respeto a la Cámara" y la "mala capacidad de gestión" que se "evidencia" en el recurso a los decretos, o que no se atiendan otros gastos necesarios.
"PIDO SU COMPRENSIÓN"
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por su parte, ha pedido la "comprensión" de todos los grupos para apoyar un decreto cuyas "intenciones" se "adecuan a un procedimiento de urgencia". "Estas dotaciones presupuestarias son necesarias, y estamos convencidos de que la gran mayoría de grupos las apoyarán porque los fines van mucho más allá de las dotaciones estrictas y dan cumplimiento a fines de ámbito social, económico y del correcto funcionamiento de nuestras administraciones públicas", ha dicho.
A renglón seguido, ha detallado el destino de los 260 millones de euros en créditos que se incluyen en el decreto, y que se destinarán mayoritariamente a pagar compromisos de España con organismos financieros internacionales (160,27 millones), a atender gastos de acuñación y puesta en circulación de moneda correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014 (33,6 millones) y a cofinanciar planes de desarrollo rural (30 millones) para no perder 119,7 millones de dinero europeo.
Asimismo, se destinarán 15 millones de euros --con "impacto" en el déficit y la deuda pública-- a los nuevos planes PIMA 4 de sustitución de vehículos comerciales y PIMA Transportes para el achatarramiento de camiones y autobuses contaminantes. Con ello, el Gobierno pretende conseguir una reducción "significativa" de las emisiones contaminantes --del 94% en el caso de las partículas y del 15% en el CO2-- y un ahorro de unos 13 millones de litros de gasóleo al año.
El decreto incluye asimismo financiación "transitoria" para el Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno, en tanto en cuento no cuente con su propio presupuesto, y autoriza a las comunidades autónomas que cumplan los objetivos de déficit y deuda pública a reponer la totalidad de plazas de las policías autonómicas, como ya se permitió a los ayuntamientos con superávit.
Finalmente, la portavoz 'popular' de Hacienda, Ana Madrazo, ha rechazado las acusaciones de improvisación o excesivo uso del decreto apelando, precisamente en el tercer aniversario de las últimas elecciones generales, a la "situación extraordinaria" de "crisis económica jamás vivida en el país" que heredó el actual Gobierno, lo que a su juicio explica el uso de un instrumento previsto para "situaciones de extraordinaria y urgente necesidad".
"Los Presupuestos se hacen en base a unas previsiones, y por eso la Ley General Presupuestaria autoriza la utilización de modificaciones en los Presupuestos para poder hacer frente a necesidades de gasto que se van presentando a lo largo del ejercicio", ha añadido, indicando que parte de las dotaciones permitirán "consolidar" la recuperación económica y defendiendo que son "urgentes porque es urgente que las personas que hoy se encuentran sin empleo encuentren lo antes posible una oportunidad".
