MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las señales positivas de recuperación de la actividad de los últimos trimestres, y de corrección de los desequilibrios, necesitan reforzarse con actuaciones que consoliden a medio plazo un crecimiento más generador de valor añadido capaz de generar empleo de calidad y unas políticas públicas eficaces que eviten la exclusión social, según el informe de crecimiento y competitividad elaborado por la Fundación BBVA-Ivie.
Según el informe, el desempleo se ha convertido en el principal problema socioeconómico de España, porque "lastra" la recuperación económica y es la causa del aumento de la exclusión social y la pobreza. Para combatirlo, apuesta por crear puestos de trabajo cada vez más productivos y lograr que estos sobrevivan, evitando la destrucción en pocos años de gran parte de las empresas y los empleos creados.
Una de las cosas que propone el informe es intentar contar con más empresas grandes porque son más competitivas y juegan un papel dinamizador en su entorno al difundir entre proveedores y clientes avances tecnológicos y organizativos y actuar como motores de la internacionalización. Además, se apoyan en un empleo más intenso del capital humano y una dirección profesionalizada, factores que favorecen el avance de la especialización en actividades de alto contenido tecnológico.
Por otro lado, los autores del informe reclaman mayores esfuerzos formativos en varias direcciones en las que se advierten carencias "muy preocupantes". Por un lado, aseguran que la preparación básica y financiera de los empresarios autónomos es escasa y dificulta con frecuencia la viabilidad de sus proyectos (el 43,5% de los autónomos españoles solo tienen estudios básicos, frente al 23,8% en la UE-28). Por otro, solo uno de cada diez parados con niveles de estudios obligatorios realiza formación continua (frente al 30% de los que poseen estudios superiores).
Otro segmento sobre el que actuar, según la Fundación BBVA, es el de los universitarios laboralmente desajustados, afectados con frecuencia por una preparación que no se corresponde con su titulación y no favorece su empleabilidad.
Por otro lado, reclama más participación de las empresas en las actividades de I+D+i, invirtiendo en las mismas de forma selectiva, ya que en España la empresa apenas representa un 53% de la inversión en I+D (63,3% en la UE-28) y solo 0,84 euros de cada 100 euros facturados por las empresas españolas son invertidos en innovar (1,06 euros en el caso de las grandes empresas).
Para fortalecer la colaboración con las instituciones especializadas en estas actividades, considera "positivo" que las empresas tengan acceso fácil a más información, transparente y fiable, sobre los resultados de los centros de investigación y desarrollo tecnológico y los grupos de especialistas más capaces de producir conocimiento útil para el sistema productivo.
En concreto, los autores del informe sugieren que sea el Ministerio de Economía y Competitividad quien audite la información y coordine su recogida, con el apoyo del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y de las distintas administraciones regionales que tienen cedidas parte de las competencias en I+D+i.
MÁS REFORMAS EN EL SECTOR PÚBLICO
En cuanto al sector público, apuesta por seguir con las reformas para contribuir a superar la actual situación. Aunque no cree que esté sobredimensionado en comparación con otros países europeos, la Fundación sí ve problemas importantes como déficits continuados, grandes diferencias de gasto por habitante entre CC.AA. y bajos niveles de resultados en algunos servicios.
A su parecer, los problemas de eficiencia del sector público han de ser abordados "con urgencia" porque reducen los resultados de los recursos empleados en políticas "clave".
"NO CABEN SOLUCIONES SIMPLES"
Según el informe, los retos a corto plazo para España "son de gran calado y no caben soluciones simples". De hecho, consideran que las interdependencias entre los problemas de las empresas y el funcionamiento de las instituciones para responder al desafío de volver a crecer de manera duradera requiere que la recuperación de la competitividad del tejido productivo vaya acompañada de medidas para que el desarrollo resulte socialmente incluyente.
"Para ello es decisivo que continúe la creación de empleo, que éste sea de calidad y que el sector público resuelva sus problemas de funcionamiento, pues afectan a su sostenibilidad financiera y a la eficiencia y equidad de sus actuaciones", sostiene.
