Amnistía Internacional pide el fin de las amenazas a agricultores de plantaciones de café al este de Guatemala

Actualizado 22/06/2006 14:06:00 CET

Ex-empleados de granjas cafetaleras están sometidos a intimidaciones tras ser despedidos por tratar de fundar un sindicato

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional lanzó hoy un llamamiento público para que se detengan "de inmediato" las amenazas e intimidación que están sufriendo algunas familias de agricultores ex-empleados en plantaciones de café al este de Guatemala, de donde fueron despedidos en 1997.

En su último Boletín la ONG recuerda que once familias que trabajaron para los propietarios de la Granja de Nueva Florencia, una plantación de café en el municipio de Colomba Costa Cuca, en el departamento de Quetzaltenango, llevan semana siendo intimidadas en lo que parece ser un intento de disuadirles de la idea de defender sus derechos laborales, tras una decisión judicial que el pasado mes de mayo les concedió parte de esas tierras en compensación por sus despidos injustos. Amnistía Internacional está preocupada por su seguridad.

El pasado 1 de junio, los antiguos trabajadores recibieron información de que habían dado ordenes a guardias de seguridad privada de la finca de dispararles si se les veía 'merodear' por las plantaciones de café de esta granja. Los ex-empleados señalaron estar "muy inquietos" por la seguridad de sus hijos, ya que la escuela a la que acuden dista tres kilómetros de sus casas, a la que llegan atravesando un 'atajo' que pasa precisamente por las plantaciones, ya que de lo contrario, el trayecto diario por la carretera principal sería de más de seis kilómetros.

Ya el pasado 23 de mayo, sobre las dos de la madrugada, varios guardias de seguridad privados empleados en Nueva Florencia dispararon cerca de las casas de estos antiguos trabajadores.

En 1997, estos once trabajadores iniciaron un proceso judicial contra la empresa propietaria de la granja, Ottmar S.A., después de haber sido despedidos por formar un sindicato. El pasado 11 de mayo su caso estaba ya muy cerca de una conclusión final, cuando un Juez de la municipalidad de La Gloria ordenó sacar a subasta pública terrenos de las granjas de La Isla (propiedad también de Ottmar S.A.) como compensación financiera a los perjuicios sufridos por los antiguos trabajadores despedidos. En ausencia de cualquier compradores para la propiedad, el Juez concedió estos terrenos a los antiguos trabajadores quien esperan ahora que esa decisión se haga efectiva.

Desde el 12 de mayo el número de guardias de seguridad privados en estas granjas ha aumentado y se han comenzado a organizar patrullas de noche cerca de las casas de los antiguos trabajadores. También en la misma fecha Nueva Florencia comenzó a pagar cuñas publicitarias en las emisoras de radio locales en las que se difundía el siguiente mensaje: "A quienes estén preocupados le informamos de que La Gloria y La Isla son propiedad de Ottmar S.A" y aconsejan a quienes traten de invadir estas propiedades que "será explusados por la ley o por la fuerza".

La intención de Amnistía Internacional es emprender una investigación y tomar medidas para prevenir y terminar con los graves abusos contra la integridad física y mental, la libertad de conciencia y de expresión de estos trabajadores en el marco de su trabajo para promover los Derechos Humanos.

"Desde 1997 los antiguos trabajadores alegan haber estado sometidos a numerosos actos de intimidación y represalias por sus actividades relacionadas con el sindicato", señala AI. Alegan que a sus niños les ha sido negada la atención médica en la clínica local ubicada en Nueva Florencia. Los antiguos trabajadores también afirman que han sido incluidos en una 'lista negra' que garantiza que no podrán encontrar empleo en ninguna de las granjas vecinas.

Los enfrentamientos de este tipo entre las comunidades locales y los propietarios de plantaciones es un fenónemo muy común en Guatemala, recuerda Amnistía. La Agencia gubernamental para la Resolución de Conflictos de la Tierra (CONTIERRA) estima que en diciembre de 2005 había un total de 1.052 casos abiertos relacionados con disputas por tierras y propiedades.

La carencia de protección eficaz de los derechos de los trabajadores rurales ha sido ampliamente criticada en muchas ocasiones por organizaciones como Naciones Unidas, además de por Amnistía Internacional.

Precisamente, para lucha contra ello la ONG pide a todos los ciudadanos que envíe peticiones expresando su preocupación por la seguridad de estos trabajadores y sus familias en la Granja de Nueva Florencia a las autoridades, pidiéndoles la apertura de una investigación imparcial sobre los presuntos tiroteos por parte de los guardias de seguridad con resultados que sean hechos público y cuyos responsable sean llevado ante los tribunales.

A su juicio, es "fundamental" recordar a las autoridades el derecho de los defensores de los derechos laborales a realizar sus actividades sin restricciones o miedo a represalias, así como a respetar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos y las Responsabilidades de Individuos, Grupos e Instituciones para Promover y Proteger los Derechos humanos y las Libertades Fundamentales.

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