Más de tres millones de viviendas y 300 campos de golf se construirán en la costa española, según Greenpeace

Actualizado 26/06/2007 17:06:10 CET

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El informe 'Destrucción a toda costa 2007', presentado hoy por la organización ecologista Greenpeace, alerta de que los planes urbanísticos de la costa española prevén la construcción de más de tres millones de viviendas, 316 nuevos campos de golf, 202.250 nuevas plazas hoteleras, y 112 nuevos puertos deportivos o ampliaciones de éstos para 38.389 amarres.

Así, las principales amenazas de nuestra costa son, a juicio de Greenpeace, la construcción, el aumento del número de campos de golf asociados a segundas residencias, las denuncias de corrupción urbanística, el incremento de nuevos amarres deportivos, los efectos del cambio climático y los problemas de contaminación debido a la escasa depuración de las aguas residuales y a los vertidos de buques en el mar.

En este sentido, 99.519 viviendas son ilegales según las denuncias de la Guardia Civil y de las Consejerías de Medio Ambiente de las diferentes comunidades autónomas; existen ya 89 casos de corrupción urbanística investigados y 354 implicados; y 350 municipios presentan vertidos ilegales o mala depuración.

El director de Greenpeace España, Juan López de Uralde, advirtió hoy en rueda de prensa del incremento del deterioro del litoral español y la dejación de los ayuntamientos. "Se está produciendo un trasvase del patrimonio común a manos privadas, porque unos pocos son los que se benefician a cambio de que el resto dejemos de disfrutar del litoral", indicó.

Por comunidades autónomas, Andalucía ocupa la peor posición de todas las comunidades litorales, con un elevado número de viviendas proyectadas (683.350), viviendas ilegales en la costa (41.800), campos de golf (200 proyectos), acoso a espacios naturales protegidos, la mayor cantidad de amarres deportivos (9.051) y el mayor número de casos de corrupción urbanística (26) que implican a 180 personas por diversos delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio.

En la clasificación, a continuación, se sitúan las Islas Canarias, donde la previsión de construcción de plazas turísticas y puertos deportivos es la más elevada de toda España y se perpetúan los vertidos en el litoral y la Comunidad Valenciana, donde destaca especialmente el casi medio millón de viviendas previstas. Así, en Canarias, están previstas 327.400 viviendas en la costa y 52.500 plazas hoteleras, 6.200 viviendas son ilegales, hay proyectados 21 campos de golf, existen 11 casos de corrupción urbanística con 76 implicados, se prevén 31 puertos deportivos y 8.275 atraques, y 66 puntos de vertidos.

En la Comunidad Valenciana habrá 466.685 viviendas y plazas hoteleras, 33.175 viviendas son ilegales, 16 nuevos campos de golf, 5 casos de corrupción urbanística con 20 implicados, 5 nuevos puertos deportivos con 2.514 atraques, y 43 puntos negros de vertidos.

En el cuarto puesto se encuentra la Región de Murcia, que proyecta la construcción de 330.000 viviendas en una franja litoral que no llega a los 300 kilómetros de longitud, es decir, 1.137 viviendas por kilómetro de costa murciana frente a las 50 del litoral en Asturias. También habrá 23.000 nuevas plazas hoteleras, 6.000 viviendas son ilegales, 35 nuevos campos de golf, 5 casos de corrupción con 14 implicados, 3 nuevos puertos con 2.495 atraques, y nueve puntos negros.

Le sigue Galicia, con sus ayuntamientos reclamando la construcción de 800.000 viviendas en los próximos años, 16 casos de corrupción urbanística con 25 implicados y planes para construir más de 6.000 amarres deportivos en 17 nuevos puertos. Además, 6.543 viviendas son ilegales, habrá un nuevo campo de golf y existen 43 puntos negros de vertidos.

Baleares, Cataluña y Cantabria se sitúan a continuación. Cataluña y Baleares experimentan una subida importante en el número de viviendas y puertos deportivos proyectados con respecto a años anteriores, mientras Cantabria acumula sentencias de derribo de viviendas ilegales y sigue apostando por llenar su costa de amarres deportivos sin tener en cuenta sus impactos negativos.

Así, en Cataluña se prevén 100.000 viviendas en la costa, 4.872 son ilegales, habrá tres nuevos campos de golf, hay cuatro casos de corrupción con 15 implicados, 14 nuevos puertos deportivos con 3.246 amarres y 20 puntos negros. En Baleares, se construirán 183.000 viviendas y 21 campos de golf, hay 16 casos de corrupción con 20 implicados, cinco nuevos puertos y 2.092 atraques, y 21 puntos negros. En Cantabria, se construirán 51.576 viviendas, 929 viviendas son ilegales, un nuevo campo de golf, hay un caso de corrupción con un implicado, 4 puertos deportivos con 3.252 atraques, y 10 puntos negros.

Por último, en el País Vasco y Asturias presentan en conjunto cifras más bajas aunque no están exentas de problemas. En el caso de la costa vasca, destaca negativamente el aumento de viviendas proyectadas en el litoral, que alcanzan las 172.000, mientras Asturias continúa con su apuesta por los campos de golf, con 17 proyectos este año y autorizando un número mayor de viviendas que habitantes tienen sus localidades costeras.

Concretamente, en el País Vasco se prevén 171.900 nuevas viviendas y plazas hoteleras en la costa, un campo de golf, tres nuevos puertos deportivos con 826 amarres y hay 17 puntos negros de vertido. En Asturias, se han proyectado 33.782 nuevas viviendas y plazas hoteleras y 17 campos de golf, cinco casos de corrupción con cuatro imputados, se prevé un puerto deportivo con 360 amarres y existen 14 puntos negros.

Greenpeace reclama que se limite al 10% el aumento posible de urbanización en los planes municipales, se impida la construcción de viviendas asociadas a campos de golf y puertos deportivos, se haga obligatorio identificar las necesidades de recursos como el agua y la energía como requisito previo a la urbanización, se debe decretarse una moratoria en la construcción de nuevos puertos deportivos y fomentar medidas como el alquiler de embarcaciones; y se debe acabar con los problemas de vertidos y contaminación debe convertirse en una prioridad para todas las administraciones.