Transparencia Internacional en España aboga por implantar medidas globales para luchar contra la corrupción

Actualizado 10/05/2007 14:06:05 CET

Estudios internacionales calculan que el coste de ser corrupto supone un 10% del negocio para una empresa

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Transparencia Internacional en España, Jesús Lizcano, apostó por la necesidad de implantar medidas globales en la lucha contra la corrupción. "Es importante que las legislaciones internacionales (oficiales y privadas) se vayan implantando en todos los países", aseveró.

Lizcano hizo estas declaraciones en el transcurso de la última Mesa Cuadrada organizada por la Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM), celebrada el pasado 24 de abril en la sede madrileña del Instituto de Empresa, en la que se debatió sobre la implantación del Principio número 10 sobre lucha contra la corrupción.

Para erradicar el problema de la corrupción, Lizcano insistió en el fomento de la transparencia a todos los niveles --entidades públicas, empresas y ONG-- y en la necesidad de un Pacto de Estado Contra la Corrupción "comprometido, integral y consensuado por los principales partidos políticos".

Lizcano también fijó una serie de objetivos de cara al futuro como la aplicación efectiva de las normas actuales --a corto plazo--, la creación de normas o su modificación en algunos países para adaptarse a la convención de la ONU --a medio plazo-- y la necesidad de educar a los ciudadanos en los valores éticos --a largo plazo--.

En el acto también participaron la Senior Manager del Departamento de Risk Management, Ética e Independencia de la firma KPMG, Inés Bruggeman, y el director de Prevención de Blanqueo de Capitales del Grupo Santander, Carlos Fernández García.

Bruggeman defendió que es importante combatir la corrupción por razones éticas "para evitar riesgos de reputación, reducir riesgos legales y alcanzar un desarrollo justo y apropiado". Asimismo, recordó que los casos de soborno, los conflictos de intereses, el fraude, el uso de información privilegiada o el blanqueo de capitales son riesgos que KPMG debe sortear por lo que tiene implantado un código de conducta que sus trabajadores deben cumplir.

Bruggeman también resaltó la importancia de llevar a cabo una adecuada comunicación y difusión del comportamiento ético de KPMG, que es revisado anualmente tanto interna como externamente. De cualquier modo, la experta insistió en que KPMG ha implantado políticas de lucha contra la corrupción tanto por exigencia legal como por convicción propia, para conseguir que sus profesionales tengan estos principios interiorizados y los apliquen en su actividad diaria.

Por su parte, el representante del Grupo Santander explicó algunas de las políticas y actuaciones que tiene implantadas el Grupo para evitar que se produzcan situaciones de corrupción y que se basan en la detección, comunicación y colaboración con las autoridades, en línea con las directrices internacionales existentes sobre la materia.

Todas estas normas están recogidas en tres manuales de prevención cuyo eje principal es el conocimiento y el análisis previo del cliente. Fernández recordó que la formación de los empleados es fundamental para que el sistema funcione, por lo que cada dos años se actualizan los contenidos y se imparten cursos a toda la plantilla.

En opinión de Fernández, la lucha contra la corrupción tiene dos vías: la regulación de la propia actividad de la entidad --a través de políticas de prevención, códigos de conducta, implantación de programas, control y supervisión, auditorías y sanciones-- y la gestión de riesgos derivados del contacto con sujetos expuestos a la corrupción y empresas multinacionales en países en desarrollo.

RIESGOS REPUTACIONALES

Tras las ponencias, se celebró una sesión de debate entre los asistentes en el que se analizó el papel de los códigos de conducta dentro de las empresas o los riesgos reputacionales, además de los legales, que entraña la corrupción, y que son "difíciles de prevenir". Mientras que los riesgos legales se cubren cumpliendo con la legalidad vigente o implantando medidas de contingencia en países sin legislación especifica, los riesgos reputacionales pueden ser mayores si no existen medidas adecuadas de comunicación y no se respetan unos mínimos de confidencialidad.

Los ponentes también denunciaron que la aplicación de las normas contra la corrupción por parte de las filiales de las multinacionales en países en desarrollo suele ser bastante flexible ya que tienen bastante libertad para autorregularse de acuerdo con sus leyes nacionales, lo que en muchos casos no garantiza ni cubre los estándares mínimos exigidos en los países desarrollados.

El papel de los medios de comunicación en la difusión de los casos de corrupción también resulta fundamental para erradicar esta lacra, en opinión de los asistentes, que insistieron en la importancia de contrastar la información ya que, aunque es bueno que la sociedad conozca los casos de corrupción, se pueden ocasionar serios daños reputacionales a los sujetos acusados injustamente.

En el caso de España, los casos de corrupción más relevantes afectan al sector urbanístico. El debate concluyó con la petición a las empresas de que hagan un balance del coste económico que supone ser o no corrupto. Según diversos estudios internacionales, el coste de ser corrupto supone un 10% del negocio para una empresa, además de los riesgos reputacionales asociados.

Desde 2005 ASEPAM ha celebrado Mesas Cuadras en abril --sobre la situación de la RSE en España y las conclusiones del I Libro Azul del Pacto Mundial --con Forética y el entonces secretario del Pacto Mundial en España, Manuel Escudero--, en junio de ese año, sobre los Principios 1 y 2 (Derechos Humanos), con la presencia de la ONG Amnistía Internacional, y en octubre, sobre los Principios 4 y 5 sobre Trabajo Forzoso y Trabajo Infantil, con la presencia del responsable en España de la OIT, Juan Felipe Hunt y la empresa Mango.

En 2006, en el mes de marzo, una nueva Mesa debatió sobre el Principio 3 de Derechos Laborales (con las ponencias de los sindicatos UGT, CCOO y el Grupo Telefónica), en mayo, sobre el Principio 6 sobre Derechos Laborales y No Discriminación --con la presencia del Grupo VIPS y Cáritas--, y en noviembre, para tratar sobre los Principios 7, 8 y 9 sobre Derechos Medioambientales, ésta última con la presencia de Endesa y la ONG Greenpeace.

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