MADRID, 6 Feb. (EDIZIONES) -
"La salida a Bolsa de Bankia es un reto que imponen las actuales circunstancias, necesario para consolidar uno de los líderes del mercado bancario nacional de los próximos años".
Estas palabras, pronunciadas por el presidente de Bankia, Rodrigo Rato, en marzo de 2011, precedieron al último debut bursátil que se produciría en España antes de estallar la crisis. También se convertirían en el origen del quebradero de cabeza de muchos inversores.
El 20 de julio de 2011 Bankia saltó al parqué a un precio de 3,75 euros por acción. La entidad puso en el mercado 824,57 millones de acciones, ampliables con 82,45 millones de títulos, y dirigió el 40% de su oferta a inversores profesionales y el 60% restante a particulares. La inversión mínima fue de 60.000 euros para los institucionales y de 1.000 euros para los minoristas.
En la Operación Pública de Suscripción de acciones (OPS) se captaron cerca de 3.000 millones de euros: 1.800 millones de euros en el tramo minorista y 1.200 millones en el institucional. "Todo un éxito" en medio de una "tormenta perfecta" en los mercados, que diría Rato.
El folleto informativo publicado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para la ocasión, y que servía de fuente de información a los futuros accionistas, incluía como dato relevante de solvencia de la entidad un beneficio anunciado de 309 millones de euros, reclamo para sus futuros accionistas, que buscaban rentabilidad en esta inversión.
Pero lo cierto es que las cuentas finales de Bankia del ejercicio 2011 reflejaron una pérdida real y efectiva de 3.030 millones de euros, algo que no se conoció hasta mayo de 2012, casi un año después de la salida a Bolsa. Este hecho provocó una avalancha de demandas en la vía civil por parte de pequeños inversores, que compraron, sin saberlo, acciones de una entidad "al borde de la insolvencia", según el Tribunal Supremo.
Hasta el 31 de diciembre de 2015, Bankia había recibido 76.546 demandas por la salida a Bolsa por un importe de 829,9 millones de euros. A día de hoy, los tribunales han dictado 13.478 sentencias firmes contra la entidad por 81,7 millones de euros. Los desembolsos del banco, que gasta 500 millones en abogados en estos procesos, han ascendido a 65 millones de euros.
La demanda media a la que se enfrenta Bankia es de unos 10.000 euros y las costas judiciales suelen ascender hasta los 3.500 euros, por lo que de cada 100 euros que se devuelven al demandante, un 30% "largo" responde a los abogados, según ha explicado el consejero delegado de la entidad, José Sevilla.
LAS "GRAVES INEXACTITUDES" DEL FOLLETO
El último golpe a la entidad ha llegado esta semana por parte del Tribunal Supremo, que ve engaño en la salida a Bolsa debido a las "graves inexactitudes" que contenía el folleto informativo. El alto tribunal, en una sentencia en la que resuelve los recursos de Bankia contra decisiones de órganos inferiores, hace una clara diferenciación entre los inversores minoritarios y los institucionales.
Los magistrados destacan que, a la hora de tomar una decisión sobre su inversión, los pequeños ahorradores "únicamente" contaban con la información que suministra la propia entidad, "a diferencia de grandes inversores, o los denominados inversores institucionales, que pueden tener acceso a otro tipo de información complementaria".
Para hacer frente a las contingencias judiciales, la entidad cuenta con una provisión de fondos de 1.840 millones de euros. Para evitar mayor impacto económico, el Ministerio de Economía baraja la posibilidad de un arbitraje, como se hizo en el caso de las preferentes, que dé solución a los problemas de los minoritarios. Con este método, se ahorrarían unos 500 millones de euros.
¿Pero qué pasa con los institucionales?
La sentencia del Supremo respalda claramente a los pequeños inversores, pero no adelanta cuál podría ser el resultado de las reclamaciones de los institucionales, más allá de reconocer que podrían tener otras fuentes de información, aparte del folleto, para saber cuál era la verdadera situación de Bankia.
LOS INSTITUCIONALES LO TIENEN MÁS DIFÍCIL
A este respecto, Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia, señala que el alto tribunal en su sentencia "marca pautas generales", por lo que habría que analizar cada caso relativo a los inversores institucionales. "El Supremo no cierra la puerta a nadie", afirma, aunque asume que será más complicado que una demanda de un institucional prospere.
En la misma línea se manifiesta el exjuez y socio del despacho Cremades & Calvo Sotelo Óscar Arredondo, quien hace hincapié en que si las cuentas que se publicaron fueron falsas, "fueron falsas para todos", institucionales incluidos.
Arredondo hace hincapié en que la sentencia del Supremo conocida esta semana se refiere a un recurso interpuesto por Bankia contra una sentencia de una Audiencia Provincial relativa a una demanda presentada por un inversor minorista, no institucional.
"Extender esto a que un institucional no tiene la posibilidad de impugnar la compra de acciones no es correcto. La sentencia no se refiere a eso. Cierto es que un institucional tiene mayor información que un minorista, pero si la información del mercado no era normal, por mucha información que se pueda dar, si es incorrecta, también se puede engañar", resume.
Sin embargo, fuentes financieras han explicado a Europa Press que si bien la resolución del Supremo no impide que los inversores institucionales reclamen, sí "dificulta enormemente" que sus demandas prosperen.
Por el momento, la entidad cuenta con 49 demandas de inversores institucionales por su salida a Bolsa, "todas ellas por importes muy pequeños". Cerca del 50% de este tipo de inversor vendió sus acciones en los primeros 30 días de la OPS, por lo que no contrajeron pérdidas.
