Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 23/03/2010 19:16
El portavoz parlamentario de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, admitió este martes que los ayuntamientos no podrán cumplir con los plazos para pagar a sus proveedores fijados por la reforma de la Ley de Morosidad presentada por su formación y aprobada este mediodía por la Comisión de Industria, Turismo y Comercio de la Cámara Baja.
"Es un punto débil", señaló el dirigente nacionalista en declaraciones en los pasillos del Congreso. La nueva norma fija un periodo transitorio para que las administraciones públicas reduzcan su límite de plazo, que se extiende hasta 2013, con una escala de 55 días para este año, 50 para 2011, 40 para 2012 y 30 días desde el uno de enero de 2013.
Sin embargo, CiU teme que los ayuntamientos no podrán cumplir siquiera con los objetivos para este mismo año si el Ejecutivo no toma "medidas urgentes" para mejorar la situación financiera de los ayuntamientos. Así, aunque urgió al Gobierno a reformar la financiación local, señaló que ésta no estaría dispuesta a tiempo.
Por contra, abogó por que el Gobierno destine el 60% del Fondo de Inversión Local de 5.000 millones a gastos corrientes, incluyendo los pagos de deudas de los consistorios. Asimismo, instó a reformar la línea ICO-Ayuntamientos, antes su "evidente fracaso".
Por último, propuso impulsar que los ayuntamientos suscriban convenios con la banca a través del sistema conocido como "factoring-confirming" para el pago de las deudas. "El Gobierno tiene la última palabra", incidió.