COAG pide que se paralice la entrada de aceite de oliva procedente de Marruecos

Publicado 11/12/2015 14:58:09CET

SEVILLA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

COAG-A ha reclamado que se paralice la entrada de aceite de oliva procedente de Marruecos, ante la anulación del acuerdo agrícola entre la UE y el reino alauita.

En una nota, COAG-A ha recordado que actualmente España "es el principal importador de aceite de Marruecos, con más del 60%". Asimismo, ha apuntado que la entrada de este producto en la UE "está liberalizada desde la firma del acuerdo con Marruecos, que se produjo en febrero de 2012". La entrada de aceituna de mesa ya estaba liberalizada desde 2003.

Además, dentro del denominado Plan Marruecos Verde, se incluye un contrato-programa oleico (CPO) cuyo objetivo para 2020 es "aumentar la superficie plantada de olivar, pasando de las 700.000 hectáreas actuales a 1,2 millones de hectáreas, aplicando esquemas intensivos y superintensivos".

COAG-A ha explicado que la liberalización concedida en 2012 no solo "ha permitido que en la UE entre aceite de oliva producido en Marruecos, sino también el procedente de otros países de la zona, debido a la falta de control sobre el origen que figura en el etiquetado, circunstancia que COAG ha denunciado en diversas ocasiones, y que no permiten conocer con rigor dónde se ha producido el aceite".

COAG-A recordaba la semana pasada, a raíz de la propuesta de incrementar los contingentes procedentes de Túnez, que las entradas de aceite de oliva del Magreb "afectan directamente al mercado, y no precisamente para estabilizarlo, ya que alteran discriminatoriamente la ley de oferta y demanda a favor de las distribuidoras y envasadoras que controlan el mercado del aceite de oliva". Ha apuntado que con este tipo de acuerdos "no se apoya a las economías locales ni a los productores, sino que se favorecen los intereses comerciales del lobby del aceite de oliva".

Además, esta organización agraria recuerda que las producciones procedentes de terceros países "no cumplen con las exigentes normativas europeas en materia laboral, social o ambiental, lo que supone un desequilibrio evidente para el mercado europeo y una competencia desleal para los productores agrarios comunitarios, ya que las importaciones no juegan con las mismas condiciones de legalidad y lealtad que todos los agentes del mercado".

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