MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso ha respaldado este jueves por unanimidad la convalidación del decreto ley con el que el Gobierno ratifica su compromiso y apoyo para que Barcelona siga siendo la sede del Mobile World Congress (MWC) durante los próximos cinco años, hasta 2023.
El decreto, que fue aprobado por el Consejo de Ministros a finales de junio, faculta al Ministerio de Industria a firmar acuerdos con la empresa impulsora del MWC y a adoptar las obligaciones contraídas, siempre en coordinación con instituciones como la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona o la Fira de la Ciudad Condal, entre otros.
Tras la decisión de GSMA --la empresa impulsora del Congreso-- de seguir en Barcelona en las próximas convocatorias, era necesario que el Ejecutivo se comprometiera con respaldar los compromisos adquiridos por la Generalitat y el Ayuntamiento, salvaguardando su derecho a adoptar mecanismos de compensación para recuperar el dinero que tuviera que adelantar por las obligaciones de cualquiera de ellas.
Y todas las formaciones parlamentarias han coincidido en la importancia de este evento y han puesto en valor su renovación que, según el ministro de Industria, José Manuel Soria, es la mejor prueba de que cuando las instituciones "aúnan fuerzas" toda la sociedad y la economía española se beneficia.
150 MILLONES DE RECAUDACIÓN
No en balde, según la memoria que acompaña al decreto ley y que recoge Europa Press, el Gobierno espera recaudar al menos 150 millones de euros y generar unos 60.000 puestos de trabajo temporales con la celebración entre 2019 y 2023 del MWC, que además permitirá unos ingresos totales de unos 20.000 millones de euros en ese periodo, según las previsiones "más conservadoras".
Y es que en 2014 el congreso ingresó 400 millones de euros, generó 12.300 puestos de trabajo y permitió a las arcas públicas ingresar 30 millones de euros; mientras que este año ha atraído a 93.000 visitantes (+9,4%) de 200 países y a más de 2.100 compañías del sector de las telecomunicaciones.
"El impacto directo en el sector turístico en temporada baja, e indirecto en la ciudad, y la incidencia en términos de imagen de España deben ser también tenidos en cuenta", continúa el texto, que asegura que entre 2006 y 2014 Barcelona ha tenido un impacto económico de 2.500 millones de euros y ha creado unos 60.000 empleos temporales desde que celebra este evento.
Pese a estos buenos resultados, "las previsiones para los próximos años son aún mejores" ya que es "altamente probable" que se sigan incrementando las cifras de asistentes, puestos de trabajo, ingresos y recaudación.
De hecho, según la estimación "más conservadora" del Gobierno, que no incluiría ningún aumento de las cifras en los próximos nueve ejercicios, entre 2019 y 2023 la economía española recibiría 20.000 millones de euros, las administraciones públicas recaudarían 150 millones y se crearían 60.000 puestos de trabajo.
IMPACTO PRESUPUESTARIO
Y todo por un coste de 25 millones de euros para el Estado, que al renovar el acuerdo se compromete a aportar 5 millones en cada uno de los ejercicios programado, la misma cantidad que deberán pagar tanto la Generalitat como el Ayuntamiento barcelonés a la Fundación Barcelona Mobile World Capital para financiar el evento.
Con respecto a la responsabilidad máxima que el Gobierno central puede verse obligada a acatar, la memoria precisa que aunque el Estado es responsable solidario, su responsabilidad está limitada a 11 millones de euros en total por cada una de las partes y por todas las reclamaciones que pudieran surgir en un año contractual por incumplimiento o fallo.
