GIRONA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha asegurado este martes en Roses (Girona) durante una visita al municipio que "en ningún caso" se ha pedido a ningún joven beneficiario de la Renta Básica de Emancipación que devuelva estas ayudas tras detectar que han superado los 22.000 euros de ingresos, sino que "simplemente se les ha informado de que están en esta situación".
"El Ministerio envió hace unos dos meses cartas a todos los que estaban recibiendo esta ayuda y que, según los datos de la declaración de 2008, superaban el límite de 22.000 euros anuales de ingresos", ha explicado Corredor, que ha subrayado que la carta comunica que la Comunidad Autónoma "les va a requerir la documentación" necesaria.
Ha explicado que las comunidades autónomas son "las que tienen que conceder el derecho y también las que tiene que retirarlo" y que todos los jóvenes saben que, según el decreto, si pasan el límite de 22.000 euros tienen que devolver la ayuda. "Aquellos que lo advierten no tienen que devolverlo, simplemente dejan de recibirla, pero los que no lo advierten, como el propio decreto dice, tiene que devolver las ayudas igual que cualquier otra subvención publica", ha apuntado.
Sobre el 5 por ciento de intereses solicitado junto al retorno de las ayudas, Corredor ha especificado que todas las ayudas públicas que se tienen que devolver o reintegrar "tienen unos intereses de demora que en cada caso determina la ley", aunque ha reiterado que todas las comunidades "van a revisar cada caso y van a dar trámite de audiencia para que todo el mundo pueda aportar la documentación que acredite su derecho".
El grupo Avalot-jóvenes de UGT de Cataluña criticó el pasado día 20 la actitud "inmoral" del Ministerio de Vivienda por solicitar a 8.000 beneficiarios de la Renta Básica de Emancipación que devuelvan estas ayudas, tras detectar que han superado los 22.000 euros de ingresos.
Según Avalot, muchos jóvenes han visto crecer de forma inesperada sus ingresos hasta superar los baremos establecidos porque han sido despedidos con indemnizaciones de ocho días por contratos de obra y servicio, la segunda modalidad más común entre los jóvenes.
