MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio sobre el colapso registrado este fin de semana en la autopista AP-6 a consecuencia de las nevadas para aclarar el origen de la responsabilidad de lo acontecido, al intuir que pudieron darse "disfunciones e imprevisiones".
Para ello, se ha dirigido a los Ministerios del Interior y de Fomento solicitando información sobre los hechos registrados en la vía los últimos días en los que miles de vehículos y sus ocupantes quedaron atrapados en la carretera tras una nevada.
"De las informaciones facilitadas por las personas afectadas y por diversos medios de comunicación, parece deducirse la existencia de disfunciones, e incluso imprevisiones, en el momento de abordar los problemas descritos", advierte el Defensor del Pueblo en un comunicado.
A su juicio, a la nevada, anunciada previamente por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se sumó el "notable incremento" del tráfico en esas vías que conectan el Noroeste de España con Madrid, al coincidir con la operación retorno de Navidad.
Por este motivo, Fernández Marugán ha pedido información sobre cómo se planificó la operación retorno, en concreto, las medidas de coordinación de los servicios adoptadas por Interior y Fomento para su preparación y supervisión.
Además, la institución quiere conocer la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre las limitaciones en el uso de las vías AP-6 y la incidencia en las condiciones del tráfico, previas y durante el 6 de enero, motivadas por las inclemencias meteorológicas previstas.
El Defensor del Pueblo recuerda que en el caso de la AP-6, aunque se trata de una vía gestionada por una entidad privada, ésta actúa por medio de la oportuna concesión administrativa, "en la que deberán constar sus compromisos contractualmente suscritos, para mantener un correcto y adecuado funcionamiento de la vía".
La institución lamenta que en los últimos meses "con excesiva frecuencia" se está detectando un deficiente funcionamiento de los servicios públicos prestados, bien directamente por la Administración o bien por medio de entidades privadas concesionarias (servicios de seguridad en aeropuertos, obtención del permiso de conducir, expedición del DNI y pasaporte, entre otros) que, según ha alertado, "deberían hacer reflexionar a las autoridades sobre tal situación para corregirla".
