Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 21/07/2010 17:12
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) y la portuguesa ATM han presentado hoy una reclamación ante el Defensor del Pueblo portugués para que exija al Gobierno luso que rectifique su decisión de aplicar la 'acción de oro' para vetar la compra de la participación que Portugal Telecom (PT) posee en el operador brasileño Vivo por parte de Telefónica.
El representante de Aemec, Ángel Fernández Albor, explicó a Europa Press que el veto del Estado portugués fue "inconstitucional" y vulneró las legislaciones portuguesa y Comunitaria, lo que provocó un graves perjuicios a los intereses de accionistas minoritarios y a los ciudadanos.
Además, en la reunión mantenida hoy entre las dos asociaciones, sus representantes acordaron remitir en los próximos días otra reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo contra el Estado luso, después de que el pasado 8 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarara ilegal la 'acción de oro' aplicada sobre la operación.
Aemec y ATM también tienen previsto demandar al Estado portugués ante la Comisión Europea por considerar que la 'acción de oro' es contraria a la libre circulación de capitales recogida en el Tratado de las Comunidades Europea.
Respecto a las demandas judiciales anunciadas por las dos asociaciones antes de conocer que el Estado luso iba a vetar la operación, el representante de Aemec confirmó que éstas se presentarán lo más pronto posible ante los juzgados portugueses bajo la iniciativa de ATM.
Las asociaciones acordaron presentar una demanda de "acción popular" -figura jurídica portuguesa en representación de todos los accionistas- en la que se pedirá al tribunal que declare "ilícita" y contraria a derecho la 'acción de oro' ejercida por el Estado.
En caso de que los jueces acepten su petición, los accionistas de PT y Telefónica podrán reclamar al Estado portugués de forma individual las correspondientes indemnizaciones por los perjuicios provocados por el veto a la oferta de Telefónica por Vivo.
Por otro lado, las asociaciones presentarán en las próximas semanas otra demanda ante la Justicia portuguesa para reclamar el cese del consejo de administración de PT por actuar de forma irregular, al no haber ejecutado la decisión de la junta de accionistas por la que una amplia mayoría de los accionistas dieron el visto bueno a la oferta del grupo español, frente al 26% de los accionistas que votaron en contra.
El pasado 30 de junio, la junta de accionista de PT respaldó la oferta de 7.150 millones de euros presentada por Telefónica. El mismo día, el Gobierno portugués vetó la propuesta de la operadora española con la 'acción de oro' alegando el carácter estratégico. El pasado 8 de julio el TUE declaró ilegal el veto del Estado Portugués y nueve días después Telefónica retiró definitivamente su oferta.