La Junta Directiva de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) exigió hoy que se publique un listado oficial que contemple las deudas que mantiene cada administración con las empresas a fin de buscar la transparencia.
Esta petición se incluye en una declaración institucional aprobada por la Junta Directiva de CEIM en su última reunión y con la que también se exige que se arbitren los mecanismos necesarios para que se cumpla estrictamente la legislación vigente y las empresas cobren en 60 días, a través del ICO o de cualquier otro instrumento.
Además propone una reforma global del sector público, para aportar soluciones a la crisis en lugar de agravarla. En este sentido, el presidente de CEIM, Arturo Fernández, afirmó que la patronal "no va a permitir" que las empresas sigan financiando a las administraciones.
En su declaración institucional, CEIM afirma que "la preocupante situación" por la que atraviesan las empresas madrileñas y españolas, por los efectos de la crisis financiera y económica y, especialmente, por las dificultades de acceso a la financiación privada, "se está viendo agravada ante la falta de cumplimiento legal de las Administraciones Públicas de atender en plazo sus compromisos de pagos con las empresas".
La patronal recuerda que CEIM ha insistido, en repetidas ocasiones, que el proceso de ajuste económico derivado de la actual recesión económica, "va a suponer una pérdida de riqueza en términos generales que debe ser asumida por todos, sea el sector público, sea el sector privado".
"No es en absoluto aceptable que mientras el sector privado, familias y empresas, se ven obligadas a ajustar sus gastos para poder sobrevivir, el sector público siga instalado en la complacencia y no haya adoptado medidas eficaces de austeridad", mantiene.
La patronal sostiene que algunas decisiones y comportamientos "están complicando otros aspectos de las relaciones económicas, como la propia negociación colectiva o el ajuste de determinados precios, al tiempo que no contribuyen a generar confianza o a la recuperación de las expectativas".
Por todo ello, CEIM reclama transparencia en la gestión pública, de forma que la sociedad española pueda conocer con exactitud y detalle cuál es el volumen de deuda real de las diferentes administraciones públicas con las empresas. Para ello, creen que sería necesario que se publicara oficialmente un listado de las deudas de cada una de las administraciones con las empresas.
También exige "conciencia" sobre sus responsabilidades por parte de los responsables públicos, de forma que se arbitren los mecanismos para hacer frente a los compromisos de pago ya adquiridos y, en caso contrario, establecer los instrumentos de compensación "justos y adecuados". "Esto puede hacerse a través del ICO o de cualquier otro instrumento que habilite la administración", aconsejan.
Asimismo, solicitan el "cumplimiento estricto" de la legislación vigente en materia de aplazamiento de pagos. "Mal ejemplo están dando los responsables políticos cuando son los primeros que incumplen las leyes que ellos mismos han hecho", consideran.
Finalmente, proponen la creación urgente de un grupo de trabajo en el Tribunal de Cuentas que analice la situación y proponga las medidas necesarias. Así, matizaron que en los últimos días, se han conocido datos que cifran la deuda de las diferentes Administraciones públicas para con las empresas en el entorno de 33.000 millones de euros, una cantidad equivalente al 78 por ciento del déficit público de 2008.
"Ante la gravedad de esta cuantía, CEIM considera necesario abrir un debate sobre el papel del sector público en la actual situación de crisis. Un debate sobre cuál debe ser el reparto de competencias y de presupuestos entre las diferentes administraciones, para evitar duplicidades", recalcó.
Además CEIM apunta la necesidad de revisar en su conjunto la política de personal del sector público, desde la forma de fijación de los salarios, las formas de ingreso y salida de la función pública y las necesidades reales de personal. Asimismo, abogan por el análisis de las diferentes formas de colaboración entre el sector público y privado, y dotar de mayor transparencia las diferentes fases de la gestión presupuestaria en todas las administraciones.