La CE recibe la respuesta de España sobre las condiciones a la OPA de Enel y Acciona

Actualizado 22/10/2007 21:08:39 CET

BRUSELAS, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea confirmó hoy que ha recibido las alegaciones de España para justificar las condiciones impuestas a la oferta pública de adquisición (OPA) de Enel y Acciona sobre Endesa, que fueron declaradas ilegales por el Ejecutivo comunitario el pasado 21 de septiembre. "Las hemos recibido y las examinaremos cuidadosamente", dijo a Europa Press el portavoz de Competencia, Jonathan Todd.

El plazo para responder a las acusaciones de Bruselas vencía este lunes. Si los argumentos del Gobierno no le convencen, la Comisión adoptará una decisión jurídicamente vinculante declarando ilegales los requisitos, de manera que las empresas podrían invocarla ante los tribunales nacionales. El Ejecutivo comunitario ya mantuvo una batalla similar contra España por las condiciones a la OPA de E.ON que se encuentra ahora ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

El pasado 21 de septiembre, la Comisión declaró ilegales 11 de las 12 condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a Enel y Acciona y ratificadas por el Gobierno al considerar que vulneran la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento.

Entre las condiciones cuya legalidad cuestiona Bruselas se encuentran la que permite a la CNE revocar la autorización dada a la OPA si afecta negativamente al interés general, o la obligación de Enel de presentar cada año un informe detallado ante el regulador español en el que explique su estrategia corporativa en aspectos que afecten al interés general o a la seguridad pública española.

Otra de las condiciones recurridas por las compañías y también cuestionadas por Bruselas alude a que si en algún consejo de administración o junta de accionistas se adopta una decisión que afecte a la seguridad española con el apoyo de la italiana, el organismo regulador podrá en el plazo de un mes ordenar su revocación con el objetivo de prevenir los riesgos adicionales relacionados con los poderes especiales que ostenta el Gobierno de la República italiana en la eléctrica.

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