Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 29/09/2008 18:41
El grupo parlamentario de Convergènçia i Unió (CiU) en el Congreso de los Diputados quiere que el Gobierno concrete el marco jurídico de actuación de las empresas de recuperación de deudas y cobro de morosos, asegurando la "debida protección" de los ciudadanos frente a aquellas prácticas "denigrantes" que "atenten" contra su "dignidad y derechos fundamentales".
Con este objeto, la federación catalana ha registrado una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda de la Cámara Baja, a la que tuvo acceso Europa Press. En ella, se recuerda que otros países europeos, como Alemania, disponen de una legislación específica que regulan la actividad de estas compañías.
En este sentido, propone que el Gobierno tome en consideración para la elaboración de este marco jurídico el contenido de los códigos éticos de adopción voluntaria elaborados por las asociaciones empresariales del sector, para evitar las actuaciones "manifiestamente atentatorias", entre las que menciona las amenazas y la divulgación de datos concernientes a la morosidad de los deudores.