EADS aumentará hasta el 30% su participación en Airholding, que controla la aeronáutica lusa OGMA

Actualizado 15/02/2006 19:41:22 CET

LISBOA, 15 Feb. (de la corresponsal de EUROPA PRESS Patricia Ferro) -

El consorcio aeroespacial europeo EADS hará oficial el próximo viernes la adquisición de un 29% del capital social de Airholding, lo que le permitirá controlar el 30% de la sociedad, cuyo mayor accionista es la empresa brasileña Brasilair. Esta operación es independiente a la venta de 12 aviones de EADS-CASA al Ministerio de Defensa portugués, según pudo averiguar Europa Press en fuentes próximas al proceso.

Con este refuerzo de la participación de EADS, que hasta ahora tenía el 1%, Brasilair pasará a controlar el 70% de Airholding, sociedad que detenta un 65% del capital de la compañía aeronáutica lusa OGMA. Aunque no han facilitado el montante de la operación, fuentes cercanas al proceso explicaron a Europa Press que el valor del 29% de las acciones se pagará mediante contratos de trabajo.

Las fuentes subrayaron que el refuerzo de la participación de EADS "es independiente" del negocio de compraventa de 12 aviones C-295 acordado por el Gobierno portugués y la española CASA, perteneciente a EADS.

"El refuerzo de la participación de EADS en Airholding se realizará al mismo tiempo que las contrapartidas de venta de los nuevos aviones de transporte táctico de la Fuerza Aérea", aseguraron las fuentes, pero aclararon que "la venta de estos aviones no está vinculada al cambio de manos del capital de Airholding". De hecho, explicó, "había un consorcio americano interesado en entrar en el capital de Airholding, pero al final se lo llevó el europeo".

El viernes las Fuerzas Armadas portuguesas firmarán con CASA el acuerdo de contrapartidas incluidas en el contrato de adquisición de los C-295 para transporte táctico y vigilancia marítima. Aunque el Gobierno luso pagará por esos aviones 280 millones de euros, el valor total, incluyendo las contrapartidas, será de 460 millones de euros, de los que cerca del 80% serán aplicados en OGMA, de la que el Estado es accionista con el 35% del capital, especialmente en contratos para la fabricación de componentes.

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