España y otros países con grandes flotas piden aceptación de un 10% de descartes en la nueva política pesquera

Actualizado 26/02/2013 14:10:34 CET

La comisaria Damanaki advierte de que las excepciones generalizadas "no son una opción" pero admite "flexibilidad"

BRUSELAS, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de países con grandes flotas pesqueras, entre ellos España y Francia, han apostado por permitir una flexibilidad del 10 % en la prohibición de los descartes que los Veintisiete negocian este martes, como parte de una profunda reforma de la Política Pesquera Común (PPC) que deben pactar con la Eurocámara en los próximos meses.

Los ministros de Pesca de la UE mantienen intensas negociaciones en Bruselas para tratar de acercar posiciones hasta ahora "muy alejadas" en cuestiones como suavizar el veto o los plazos para aplicarlo, según ha constatado el ministro irlandés del ramo, Simon Coveney, cuyo país preside la UE este semestre.

En un debate público a 27, Coveney ha pedido a sus colegas un esfuerzo para consensuar una posición que permita avanzar hacia un acuerdo con el Parlamento Europeo y con Bruselas "en junio o julio". Las delegaciones tienen toda la jornada para defender sus líneas rojas en contactos bilaterales y con la Comisión, con el objetivo de retomar la sesión formal a última hora de la tarde, lo que podría dilatar las negociaciones hasta la madrugada.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha apostado por aceptar una flexibilidad de la prohibición de hasta el 10 % tanto entre especies como en la regla de 'mínimis' que permitiría exenciones para todas las especies. Además ha pedido que el calendario de implantación del veto "se inicie en 2016 para la merluza y culmine en 2018 para las demás especies demersales".

La defensa de un margen de descartes del 10 % también ha sido apoyada por otros países con importantes flotas pesqueras como Francia, Portugal e Italia, que en sus intervenciones se han pronunciado en la misma línea que Arias Cañete.

El ministro galo, Frédéric Cuvillier, ha afirmado que este porcentaje "está más cerca de la realidad" de la actividad pesquera que el 5 % que se baraja en un borrador y ha pedido un calendario flexible para que el sector se adapte a los cambios.

La comisaria de Pesca, Maria Damanaki, era inicialmente partidaria de una prohibición inmediata de esta práctica, que permite a los pescadores arrojar al mar, ya muerta, la pesca accesoria que no les interesa, pero tras debates con los países aceptó relajar el calendario.

En esta ocasión, Damanaki ha reiterado su disposición "abierta" a algunas modificaciones para favorecer la adaptación de la flota, pero ha recalcado que las exenciones "generalizadas" que piden España y otros países "no son una opción".

En el lado opuesto a las ideas que defiende España se encuentran se sitúan los países del norte, partidarios de mantener los márgenes más estrictos posibles de descartes y condicionados a criterios muy estrictos, para limitar estas exenciones.

La ministra alemana, Ilse Aigner, por ejemplo, ha apuntado que si se permite un porcentaje ha de ser del 5 % y estar "limitado al máximo" para evitar que esta práctica se generalice; mientras que para el ministro sueco, Eskil Erlandsson, una flexibilidad del 3 % sería el máximo aceptable porque un margen mayor "aumentaría la presión" sobre los recursos.

Países como Dinamarca y Reino Unido han dicho que aceptarían un 5 % para "casos excepcionales", pero siempre limitado para "no perder credibilidad ante la opinión pública".

Los ministros han programado encuentros bilaterales para buscar alianzas y acercar posiciones hasta las 15.00 horas, cuando la presidencia irlandesa comenzará los llamados 'confesionarios' en los que se reúne con cada Estado miembro y la Comisión para identificar las posibilidades de consenso.

España tiene previsto su encuentro con la presidencia y la comisaria Damanaki a las 16.00 horas, aunque podría variar, y le seguirá Francia en la ronda de trílogos. El ministro irlandés y presidente de turno cuenta con retomar la sesión plenaria para discutir un nuevo texto en torno a las 21.00 horas, según fuentes europeas que advierten de que los horarios pueden alterarse en función del camino que tomen las negociaciones.

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