Los españoles presentaron 1.201 quejas por el tratamiento de sus datos personales, en especial por morosidad

Actualizado 19/09/2007 20:45:21 CET

Las peticiones de apostasía y quejas sobre la videovigilancia se disparan durante este año

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los españoles presentaron durante el año pasado un total de 1.200 quejas por el tratamiento de sus datos personales sin su consentimiento, especialmente debido al uso que hacen de éstos entidades financieras y compañías de telecomunicaciones, en la mayor parte de los casos por la inclusión de particulares en listas de morosos.

Entre las preocupaciones crecientes de los españoles también figuran las demandas de eliminación de nombres de los registros de bautismo, así como las grabaciones por cámaras de vigilancia en la vía pública.

Según señaló hoy en rueda de prensa el director de la Agencia de Protección de Datos, Artemi Rallo, el número de reclamaciones y actuaciones ha aumentado un 11 por ciento respecto al año anterior, lo que evidencia un "mayor conocimiento" de los españoles de sus derechos, y no un mayor número de transgresiones, si bien admitió que el conocimiento ciudadano es todavía muy escaso.

El mayor número de reclamaciones y se produjo en el sector de las telecomunicaciones y el financiero, que acumularon un 56 por ciento de las reclamaciones y un 46 por ciento de las sanciones. Las infracciones más frecuentes se debieron a la inclusión de particulares en las listas de morosos, que alcanzaron un porcentaje superior al 50 por ciento de las infracciones en ambos sectores. También recibieron un número importante de reclamaciones la utilización de datos personales de ciudadanos de forma engañosa en prácticas de contratación fraudulenta de servicios, principalmente en casos de telefonía y acceso a Internet.

Por número, las siguientes categorías principales se refieren al envío de 'spam' o publicidad no solicitada. Estas quejas y otras actuaciones de oficio de la Agencia motivaron hasta 281 procedimientos sancionadores iniciados contra empresas privadas, y se resolvieron 307 procedimientos sancionadores, algunos pendientes del año anterior, que dieron lugar a multas impuestas por un total de 24,4 millones de euros.

SOLICITUDES DE APOSTASÍA EN MADRID Y VALENCIA.

Junto a estas causas, en la memoria 2006 se registra un incremento de las reclamaciones e investigaciones de los ciudadanos relacionadas con la videovigilancia y de eliminación del registro de Bautismo. Sobre el segundo aspecto, Rallo explicó que el año pasado se empezaron a recibir demandas en este sentido, por particulares que solicitaban el amparo de la agencia cuando sus demandas no eran admitidas por las distintas diócesis de la Iglesia, y que, durante 2006, ascendieron a 58 casos.

Durante los primeros seis meses de 2007 las demandas en este sentido ascendieron a 84 nuevas peticiones, concentradas según el director de la Agencia de Protección de Datos, por demandantes registrados en parroquias o iglesias del ámbito de las Diócesis de Valencia y de Madrid. En concreto, la de Valencia ha acaparado 67 peticiones, a las que se suman otras 12 de Madrid, seguidas de seis en Almería, y cuatro en Burgos y Canarias. El resto de demandas están muy repartidas geográficamente.

Según Rallo, en los registros de Bautismo constan datos de índole personal, relativos a las creencias individuales y confesiones, y por lo tanto de máxima prioridad. Además, están registrados en un libro, que tiene el carácter de fichero, por lo que la AEPD ha amparado las peticiones de particulares. Sin embargo, en su amparo, han recibido el rechazo "a la totalidad" de las peticiones de las Diócesis de la capital y a valenciana, que han recurrido a la Audiencia Nacional.

Las exigencias de la agencia se limitan a hacer constar en una nota marginal --al margen en el libro original-- la solicitud de quienes quieren eliminar su nombre del registro bautismal, pero no se solicita la tachadura del registro. El argumento de las diócesis es que los registros de Bautismo son "documentos históricos" que no pueden ser eliminados, según Rallo, que explicó que, cuando la Audiencia Nacional resuelva el recurso "quedará clarificado si se debe o no tachar y si los citados registros pueden o no modificarse".

En cuanto a las quejas por sistemas de videovigilancia, Rallo explicó que las peticiones han crecido de forma similar --"de un caso testigo a una cascada"--, y apuntó a una tendencia al alza para los próximos años, especialmente en lo relativo a cámaras que graban en aparcamientos, centros comerciales o viviendas.

INFRACCIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

En la memoria de la AEPD de 2006 se registra también un importante incremento del número de procedimientos de declaración de infracción a las Administraciones Públicas, pasando de una cifra de 52 procedimientos en 2005, a 103 en 2006. Este incremento se debió, principalmente, a corporaciones locales que no habían inscrito sus ficheros de datos, y que culminó con la declaración de infracción a 63 de ellas.

Así, de los 106 procedimientos de declaración de infracción finalizados en 2006, 81 de ellos correspondieron a corporaciones locales, 15 a la Administración General del Estado y 9 a administraciones autonómicas.

En 2006 se produjo también un incremento del 9 por ciento de las solicitudes de tutela en el acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos. En total se recibieron un total de 556 solicitudes de ciudadanos, correspondiendo el 50 por ciento de ellas a la solicitud de cancelación de datos, y entorno al 36 por ciento a la solicitud de acceso.

En cuanto distribución territorial, las entidades con sede en Madrid ocuparon el primer lugar de las reclamaciones, con un 60 por ciento de las en actuaciones previas de inspección, y un 66 por ciento de los procedimientos sancionadores. Tras la Comunidad de Madrid, aparecen las Comunidades Autónomas de Cataluña en segundo lugar y Andalucía en tercera posición. En cuanto a la procedencia de las denuncias se produce una tendencia similar, siendo Madrid la que ocupa la primea posición con un 27 por ciento, seguida de Cataluña con un 13 por ciento y Andalucía, con un 11 por ciento.

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