Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 24/02/2010 14:37
Los grupos parlamentarios de PSOE y CiU pactaron hoy en el Congreso de los Diputados instar al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a que defienda en el marco de la Unión Europea (UE) la continuidad de la pesca de atún rojo "en todas sus modalidades" y, por tanto, las de las almadrabas gaditanas y la de cerco que se practica en la costa catalana.
Según adelantaron a Europa Press fuentes de CiU, se ha acordado pedir a la ministra del ramo, Elena Espinosa, que defienda en el Consejo de Ministros de Pesca y en la Comisión Europea todas las modalidades de pesca de atún rojo y que proponga esperar la nueva evaluación solicitada por la Comisión Internacional del Atun del Atlántico (ICCAT) sobre el seguimiento de la especie antes de tomar medidas más restrictivas, como sería la de incluir a la misma en el apéndice I del Cites.
El pacto entre ambos partidos, que se ratificará con la aprobación esta tarde, en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de la Cámara baja, de una iniciativa conjunta, pide el mismo tratamiento para, además de las almadrabas gaditanas, la flota artesanal del Estrecho, la flota de cebo vivo del Cantábrico, la de palangre y cerco del Mediterráneo.
Asimismo, se reclama al Gobierno que impulse ante el Consejo y la Comisión Europea la elaboración de una estrategia comunitaria a medio plazo que permita hacer frente a la flota europea a las reducciones de cuota de atún rojo establecidas en la ICCAT.
El diputado de CiU Jordi Jané se felicitó por el acuerdo que permitirá que la pesa de atún rojo se realice "de forma continuada y regulada". Concretamente, él hizo referencia a la preocupación del sector radicado principalmente en L'Ametla de Mar (Tarragona), que, como el almadrabero, veía peligrar la continuidad de su actividad ante el debate abierto en la UE en torno a la comercialización internacional del atún rojo.
En este sentido, destacó que la iniciativa posibilitará la continuidad de muchas familias que viven de esa práctica en Cataluña, que suponen el 20 por ciento de los puestos de trabajo extractivos en la región.