ERC reprocha al Gobierno no haber negociado con las comunidades la reprogramación de obra pública

Portavoz de ERC, Joan Ridao
EP
Actualizado 24/08/2010 16:18:51 CET

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de ERC, Joan Ridao, ha criticado este martes la "falta de diálogo" del Gobierno con las comunidades autónomas acerca del recorte en infraestructuras, ya que, a su juicio, Fomento tendría que haber negociado qué obras públicas seguirían avanzando y cuáles se interrumpirían por la reducción de gasto público.

En un artículo publicado en su página personal de Internet y recogido por Europa Press, Ridao considera que el reciente anuncio del ministro de Fomento, José Blanco, de la reanudación de algunas obras pone de manifiesto "de nuevo" la "improvisación y constantes cambios de criterio" del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero al mismo tiempo denuncia que el Gobierno no ha hablado con las comunidades autónomas para explicar el recorte en obra pública, un hecho que, según el diputado, "comportará una pérdida tanto en desarrollo territorial como en ocupación laboral". De ahí, añade, "la indignación de los alcaldes, los sectores económicos y la Generalitat catalana".

Tras felicitarse por la aprobación en la Diputación Permanente del Congreso de la solicitud de comparecencia de Blanco para explicar el "reajuste" a los recortes en obra pública, Ridao asegura que la interrupción de ciertos proyectos afectó a "infraestructuras vitales, especialmente en Cataluña".

APLICACIÓN DEL ESTATUT

En su opinión, "desgraciadamente en Cataluña llueve sobre mojado por la falta de inversión en los últimos 20 años", una circunstancia que, según el diputado republicano, sólo se puede corregir por la "necesaria aplicación de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto".

Este apartado concreto de la norma catalana, que dice que "la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras se equiparará a la participación relativa del PIB catalán con relación al PIB del Estado para un período de siete años", no fue anulado por el Tribunal Constitucional (TC), aunque sí indicaba cómo debía interpretarse correctamente.

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