La empresa y el administrador concursal sostienen que no hay base para el despido "porque no hay relación laboral"
PONTEVEDRA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
El expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa reclama 663.119,20 euros en virtud de la demanda presentada contra la multinacional gallega por un supuesto despido improcedente.
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha celebrado este lunes la vista del incidente concursal que se sigue tras la demanda del expresidente de Pescanova presentada por despido improcedente contra la compañía gallega y contra Deloitte, que lleva la administración concursal.
Fernández de Sousa no acudió a la cita al considerarla "un mero trámite", como dijo su abogada, a la espera de conocer si las instancias judiciales determinan que este proceso se encamine por la vía laboral o mercantil. En cualquier caso, la reclamación por supuesto despido improcedente ha quedado este lunes vista para sentencia.
Al igual que sucedió en el acto de conciliación celebrado hace unas semanas en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de Vigo, la representante jurídica del expresidente de Pescanova sostiene que Fernández de Sousa ha sido trabajador de la firma gallega desde 1977 y hasta que presentó su dimisión como presidente de la compañía el pasado 17 de julio, por lo que solicitó una indemnización de "veinte días por año trabajado".
CARECÍA DE CONTRATO
En concreto, la letrada explicó que Fernández De Sousa "no tenía un contrato blindado", ni siquiera "un contrato por escrito" que acreditase su relación laboral con la empresa.
Según la abogada, Fernández De Sousa inició "desde la base" su relación laboral con la compañía pesquera el 17 de enero de 1977, aunque en apenas cinco meses fue nombrado director gerente adjunto, por lo que "existía una relación de alta dirección compatible con la relación mercantil" y, de esta forma, "ha de ser indemnizado". "De Sousa levantó una empresa pequeña con su esfuerzo", ha argumentado.
La abogada del expresidente de Pescanova también aportó a la vista el testimonio de Olegario Casal, director de área de la multinacional, jubilado hace cinco meses, quien declaró que Fernández De Sousa "era el primero en entrar y el último en salir". "Tenía dedicación plena a la empresa", ha asegurado.
INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL
Sin embargo, tanto el letrado del administrador concursal, Santiago Hurtado, como la abogada de Pescanova, Silvia Bauza Hernández, argumentaron la inexistencia de un contrato laboral, por lo que solicitaron la desestimación total y absoluta. "No haremos más valoraciones de las debidas sobre ese esfuerzo y dedicación", han agregado.
"No hay base para el despido porque no hay relación laboral", dijo Silvia Bauza, que entre otras pruebas entregó la carta de dimisión escrita por Fernández De Sousa, "en la que él mismo así lo admite".
Durante la vista desvelaron que Fernández de Sousa reclama una indemnización de 663.199,20 euros, equivalente a doce mensualidades, teniendo en cuenta que su última nómina era de 55.266 euros al mes, que es la cantidad que se utilizó como base de cálculo.
Los representantes de Pescanova y Deloitte reclamaron además dos excepciones procesales: la falta de competencia objetiva del juzgado de lo Mercantil para decidir en una cuestión que, en su criterio, debería resolver el Juzgado de lo social número 3 de Vigo, y la caducidad de la reclamación, ya que la demanda por despido improcedente no fue presentada en los 20 días posteriores a la salida de Fernández de Sousa de Pescanova.
PAGO DE LAS COSTAS
Además de la desestimación íntegra los demandados piden al juez de lo Mercantil que incluya una declaración de temeridad contra Fernández de Sousa y el pago de las costas.
El administrador concursal, Santiago Hurtado, explicó que la temeridad fue solicitada "entendiendo que no hay sustento jurídico ninguno y resulta casi descabellado plantear una demanda basada en los fundamentos de derecho ante el juez de lo Mercantil en la situación actual y con incomparecencia de aquel que la demanda, considerando que es una situación de mero trámite".
"Para el demandante, esto puede suponer que haya una imposición de costas con unos criterios un poquito más fuertes o duros en cuanto al abono de las prestaciones", ha añadido Santiago Hurtado.
Fernández de Sousa, cuenta con un 7,51% del capital de Pescanova, que está en concurso de acreedores y que cuenta con una deuda de más de 3.674 millones de euros y un agujero patrimonial de 1.667 millones de euros, según el informe realizado por Deloitte.
Manuel Fernández de Sousa está imputado por falseamiento de información económico-financiera, de las cuentas y por uso de información relevante.
