BUENOS AIRES, 10 Nov. (EUROPA PRESS/Rafael Saralegui) -
El fiscal federal Federico Delgado pidió al juez federal Daniel Rafecas que cite a prestar declaración indagatoria como sospechosos de fraude a directivos de la empresa Aerolíneas Argentinas por la supuesta sobreventa de pasajes durante las últimas vacaciones de invierno, informa la prensa local.
"El avance de la pesquisa permitió acreditar, con el grado de certeza que requiere esta etapa preliminar del proceso, que durante el primer semestre del año 2008, las empresas Aerolíneas Argentinas SA y Austral SA, en manos del Grupo Marsans/Interinvest SA, vendieron numerosos pasajes sabiendo perfectamente que con la infraestructura operativa disponible jamás podrían cumplir los compromisos asumidos por los que, obviamente, recibieron importantes sumas de dinero de parte de los usuarios", dice el dictamen, informa el portal Infoabae.
El grupo Marsans lleva adelante un trabajoso proceso de venta de las acciones de Aerolíneas Argentinas y Austral al Gobierno argentino y desde mediados de año la conducción de las compañías está a cargo de un director que representa al Gobierno.
"En definitiva, es obvio que el Grupo Marsans cometió una deliberada defraudación cuyo costo, finalmente, debió asumir el Estado Nacional", indicó.
"La maniobra es más que el incumplimiento del contrato que liga al concesionario con el usuario, ya que se trató un plan perfectamente madurado de antemano tendiente a aumentar la tasa de ganancia sabiendo que en ese preciso momento de receso invernal, con los usuarios in situ reclamando, ante el incumplimiento previamente pergeñado, el Estado haría lo necesario -léase desembolsar dinero público- para garantizar el servicio", argumentó el fiscal Delgado.
En momentos en que la compañía entró prácticamente en suspensión de pagos, el Estado argentino, que es accionista minoritario, comenzó a ingresar fondos para pagar sueldos adeudados, comprar combustible, repuestos y saldar tasas y seguros pendientes de pago.
El fiscal sostuvo que las irregularidades "se exteriorizaron durante el primer fin de semana de las vacaciones de invierno del mes julio de 2008, cuando las estaciones aéreas Aeroparque y Ezeiza fueron testigos de la furia de los usuarios que habían pagado por un servicio que su proveedor conocía de antemano; esto es, al momento de vender el servicio, que no cumpliría".
El fiscal sostuvo que la flota total de las dos empresas sumaban 70 aeronaves, pero que sólo estaban en funcionamiento unos 30 pese a lo cual se siguieron vendiendo pasajes, a sabiendas de que no se podría cumplir con los servicios contratados.
