Acusa al empresario y al exdirector de la empresa turística Iván Losada de quedarse con las cantidades entregadas para la compra de billetes
MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido cuatro años de cárcel para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán al que acusa de la comisión de un delito continuado de apropiación indebida por quedarse con 4,4 millones de euros pagados al Grupo Marsans por clientes que contrataron viajes que nunca llegaron a disfrutar.
El Ministerio Público ha presentado el escrito provisional de acusación ante el juez Santiago Pedraz en el que solicita la apertura de juicio oral contra el exjefe de la patronal y contra el último director general de la empresa turística, Iván Losada, representante de la sociedad Posibilitum Business, que era propiedad del empresario experto en quiebras Ángel de Cabo, que adquirió la compañía en junio de 2010.
La Fiscalía reclama que ambos sean condenados por el mismo delito a sendas penas de cuatro años de prisión y al pago de una multa de 12.000 euros cada uno, a razón de una cuota diaria de 50 euros durante ocho meses, después de que Pedraz transformara en abril del pasado año las diligencias previas en procedimiento abreviado, dando así el primer paso para sentar a Díaz Ferrán en el banquillo.
En su escrito provisional de acusación, el fiscal Daniel Campos defiende que ambos se apropiaron indebidamente de las cantidades entregadas por los clientes para la adquisición de billetes. Concluye que los clientes perjudicados por Viajes Marsans y sus filiales Tiempo Libre, Rural Tours y Viajes Crisol perdieron las cantidades depositadas por sus reservas de viajes cancelados.
OPERATIVA DE MARSANS.
Así, entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2010, el grupo Marsans formalizó reservas que dieron lugar a 7.560 depósitos de clientes, de los que 4.706 no han sido devueltos y se destinaron a fines ajenos a la actividad del grupo. Los consumidores pagaron cantidades que oscilan entre los 130 y los 5.834 euros.
A finales de 2009, los proveedores turísticos del grupo Marsans comenzaron a exigirles el pago anticipado de los productos comercializados, por ejemplo Pullmantur pidió el dinero durante los 30 días anteriores al inicio de los viajes.
Según el fiscal, "los responsables del Grupo Marsans, lejos de destinar los fondos depositados pro los clientes al pago de los servicios contratados, los destinaron a otros fines ajenos a la actividad del grupo". La "desviación" de fondos condujo a que los clientes perdieran el dinero entregado al hacer la reserva o el precio total del servicio contratado.
El 20 de abril de 2010 la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) les retiró la licencia para vender billetes de avión por impagos. Un día antes , el 19 de abril, los directivos de la empresa turística pidieron por correo electrónico a sus oficinas que depositaran el dinero de las reservas en una cuenta de la sociedad Marsans Shooping. Esta cuenta acumuló 2,46 millones de euros, de los que 1,07 fueron traspasados a otras sociedades y 1,14 se retiraron mediante cheques al portador.
Entre el 9 de junio de 2010 --el día antes de la presentación del concurso de acreedores-- y el 30 de junio se libraron 13 cheques por valor de 1,14 millones de euros desde esa cuenta, de los que 344.481 euros fueron entregados a Naviera Grimaldi para que retiraran la solicitud de concurso, 100.000 a preparar el aval de IATA de Viajes Atenea, 300.000 retornaron a Viajes Marsans y 500.000 fueron cobraros por empresas ajenas al grupo.
El 25 de junio de 2010, el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid decretó el concurso de acreedores del Grupo Marsans. La compañía quebró dejando un déficit patrimonial de 271 millones de euros (373 millones si se tienen en cuenta sus filiales), ya que contaba con un pasivo de 552 millones, frente a un activo de 281 millones de euros y con 11.409 acreedores.
CAUSAS CONTRA DÍAZ FERRÁN.
El que fuera presidente del empresariado español se sentará en el banquillo de los acusados desde el próximo 2 de julio por el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para eludir el pago de sus acreedores, que fue descubierto en la 'operación Crucero' y por lo que la Fiscalía solicita 15 años de cárcel por delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal.
Díaz Ferrán figura además entre los querellados a los que investiga el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu por planificar la comercialización de participaciones preferentes de Caja Madrid.
El pasado junio, un juzgado de lo mercantil de Madrid condenó a Díaz Ferrán y a los herederos de su socio, el fallecido Gonzalo Pascual, a cubrir en su integridad el agujero patrimonial de Viajes Marsans, que ascendía a 552 millones de euros.
Otro juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia, le condenó el pasado mes de diciembre a dos años y dos meses de cárcel por defraudar 99,04 millones de euros del impuesto de sociedades de 2001 derivado de la compra de Aerolíneas Argentinas.
