Tras una sentencia del Supremo
ALICANTE, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat Valenciana tendrá que pagar 14,67 millones de euros a Dragados (ACS) y Rover Alcisa por los sobrecostes que estas compañías afrontaron en la construcción del acceso Norte a la ciudad de Alicante.
Así lo indica el fallo de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, al estimar el recurso de casación interpuesto por el consorcio formado por dichas empresas.
El Alto Tribunal insta al pago de los sobrecostes al concluir que se debieron a "causas imputables a la administración demandada", según la sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
La reclamación de 14,6 millones de euros por daños y perjuicios de ACS y Rover Alcisa se debía a las ampliaciones de plazo y los modificados contractuales que, según las empresas y ratifica el Supremo, tienen como "motivo directo y determinante el comportamiento de la administración".
El contencioso tiene su origen en junio de 2006, cuando ACS y Rover Alcisa se adjudicaron el proyecto de Alicante por 33,8 millones de euros.
Según la sentencia del Supremo, "desde el primer momento", la Administración autonómica "incumplió sus obligaciones contractuales causando especial incidencia en la ejecución de las obras por el contratista".
Así, detalla que era "imposible" el inicio de los trabajos "por la falta de disponibilidad de los terrenos y por la discrepancia entre planos y presupuesto en unidades de obra", indica la resolución.
De este modo, constata los incumplimientos de la administración demandada y cita un informe de abril de 2010, realizado por la Jefa de Servicio de Contratación y Expropiaciones de la Conselleria de Infraestructuras y Transportes a solicitud de las demandantes, que también especifica que "las causas de uno de los modificados del proyecto estuvieron motivadas por cambio de desvío de tráfico impuesto por el Ayuntamiento de Alicante, por la inclusión de una gran fuente ornamental y la ejecución de reposiciones de vallados y cerramientos no incluidos en el proyecto principal".
Así, el Supremo falla estimando el recurso de casación interpuesto por el consorcio de empresas, anula una sentencia del TSJCV que desestimaba su recurso contencioso administrativo y condena a la Generalitat al pago de 14,6 millones de euros de indemnización.
