El Gobierno aprueba el Real Decreto que desarrolla la Ley de Financiación de RTVE

 

El Gobierno aprueba el Real Decreto que desarrolla la Ley de Financiación de RTVE

Actualizado 30/07/2010 17:17:49 CET

Afirma que después del pronunciamiento de Bruselas "ya no existe ningún impedimento" para aplicar el sistema "en su integridad"

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante un Real Decreto, el Reglamento que desarrolla la Ley sobre Financiación de la Corporación RTVE de 2009 un año más tarde de dar luz verde a la norma y ha asegurado que, después de que la Comisión Europea se ha pronunciado a favor del sistema "ya no existe ningún impedimento para que el sistema de financiación se aplique en su integridad".

La entrada en vigor de la Ley de Financiación implicó la desaparición de la publicidad de la cadena pública y la sustitución de los ingresos que generaban los anuncios por un modelo mixto de financiación que combina una aportación del Estado con tasas que se aplican a las televisiones privadas y a las empresas de telecomunicaciones, que han generado el rechazo del sector.

Concretamente, el nuevo modelo, que entró en vigor en septiembre del año pasado, obliga a los operadores de telefonía a contribuir a la financiación de la televisión pública con el 0,9 por ciento de sus ingresos, a las cadenas privadas a aportar el 3 por ciento, y a las de pago el 1,5 por ciento.

La Comisión Europea dictaminó este mes que el nuevo sistema de financiación de RTVE respeta la normativa comunitaria sobre ayudas públicas. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario mantiene abierto otra investigar para determinar si es legal o no la tasa impuesta a los operadores de telecomunicaciones para compensar la supresión de la publicidad.

El Ejecutivo entiende que con este primer pronunciamiento positivo de la Comisión, "ya no existe ningún impedimento para que el sistema de financiación se aplique en su integridad", por lo que el Consejo de Ministros ha aprobado el desarrollo de la Ley que, entre otros aspectos, explica los plazos en los que las empresas tienen que pagar las nuevas tasas, cómo efectuar este pago y a qué actividades afecta.

"Es una función necesaria para la aplicación de un nuevo modelo de financiación para la Corporación cuyos frutos se están empezando a ver, tanto en términos de audiencia y estabilidad financiera para Televisión Española, como dinamizadores para el conjunto del sector audiovisual", señala el Ejecutivo.

DESARROLLO TÉCNICO DE LA LEY

Así, el reglamento establece el ingreso en el Tesoro público del exceso anual de ingresos presupuestarios por encima de los 1.200 millones de techo legal, la forma, plazos y organismos encargados de la gestión y el pago de la Tasa de reserva de Dominio radioeléctrico en favor de la Corporación de RTVE, y el proceso de gestión y liquidación de la aportación de los operadores de telecomunicaciones y las sociedades concesionarias y prestadoras del servicio de televisión obligados por la Ley.

Asimismo, concreta la realización, plazos y cantidades de los pagos a cuenta que han de efectuar las operadoras de telecomunicaciones y televisión afectadas, así como la forma de compensar en ejercicios posteriores el remanente que resulte cuando la cuantía de los pagos a cuenta efectuados supere el importe de la aportación que legalmente les correspondería aportar.

También aclara el proceso de determinación de los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas de ámbito geográfico estatal o superior al de una Comunidad Autónoma y establece la clarificación de los servicios audiovisuales cuya explotación obliga a los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas a contribuir a la financiación de la Corporación RTVE.

Por otro lado, señala el aplazamiento o fraccionamiento de la aportación anual de los operadores y sociedades, que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones puede decidir en función de la capacidad financiera y nivel de ingresos de los afectados, la determinación y devolución, en su caso, de las cantidades liquidadas si se superar los topes establecidos por la ley para las aportaciones de las operadoras de televisión y telecomunicaciones.

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